El ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz fue internado la madrugada de este jueves en el penal del Topo Chico, en Monterrey.
Lo anterior, luego de ser vinculado esta madrugada a proceso por los delitos de peculado y daño patrimonial dentro del proceso que se le sigue por presuntamente entregar incentivos ilegales a la automotriz KIA para que se asentara en Nuevo León.
La fiscalía pidió que el ex mandatario del PRI fuera internado cuatro meses pero el juez de control, Miguel Ángel Eufracio Rodríguez, consideró que sería excesivo por lo que decidió que solamente fueran 30 días y a las 3:30 horas de hoy fue ingresado al penal.
De acuerdo con el abogado del ex gobernador, Alonso Aguilar Zínser, el juez violó la suspensión de amparo con la que contaba para impedir medidas cautelares «en forma infundada y cuestionable», por lo que denunciarán el caso ante el juzgado Quinto de Distrito.
«Manifestamos nuestra total inconformidad, exhibimos la suspensión provisional otorgada por el juzgado 5 de distrito que establece que el licenciado Medina no puede ser privado de su libertad y se le hizo saber al juez que no se podia ni siquiera discutir las medidas cautelares pero de forma infundada y cuestionable el juez decidió, en franco desacato de la suspensión, escuchar al Ministerio Público», señaló Aguilar Zínser.
Al cuestionarle la reacción de Medina de la Cruz, el litigante señaló que quedó «absolutamente sorprendido» por la decisión del juzgador, ya que consideró que se favoreció la posición de la fiscalía.
Para poder evitar la prisión preventiva, se le pidió al ex gobernador que entregara una cantidad de 3 mil millones de pesos, monto señalado por el gobierno actual para resarcir el daño presuntamente cometido por haber otorgado incentivos ilegales a KIA.
La audiencia inició a las 9:00 horas del miércoles y duró más de 18 horas, hasta las 4:00 horas de este jueves, cuando Medina de la Cruz fue trasladado del palacio de Justicia de Monterrey, donde se llevó a cabo la audiencia, al reclusorio.
De acuerdo con el juez de control, cada delito al que fue vinculado alcanza entre 2 y 12 años cada uno y la máxima pena sería de 24 años, por lo cual consideró factible que el acusado se fugara, sobre todo porque su domicilio está en la Ciudad de México.
Fuente: La Jornada
1 comentario
Pregunto: Los cargos contra los señores Javier Duarte de Ochoa, Roberto Borge Angulo, Cesar Duarte y otros que han tenido un comportamiento similar respecto al uso de atribuciones y recursos de sus Estados no han sido los mismos en un momento dado y aun no se encuentran ni siquiera detenidos?
No quisiera pensar, como ciudadano un tanto alejado de la política interna del Poder Ejecutivo Federal, que se trata de un tratamiento preferencial a los que en un momento dado fueron o aun siguen siendo integrantes del partido en el poder. Es bastante obvia la respuesta observada desde nuestra perspectiva que así lo es.
Es una verdadera pena que ese es el mensaje que nos están enviado los integrantes del Poder Ejecutivo Federal a los ciudadanos que seguimos de cerca las noticias relacionadas con la impunidad y corrupción que impera en estos momentos en el país.
No distraigamos la atención del pueblo con el «muro» que autoriza USA construir entre México y ese país. Ellos tienen libre derecho de hacer lo que deseen dentro de «su casa». Mantengamos la mente puesta en la erradicación de la corrupción e impunidad en nuestro país. Así tendremos respecto por nosotros mismos y lograremos el respeto de los demás.
Esta es solo una opinión personal de un ciudadano que ve de lejos los eventos que se hacen públicos diariamente en los medios de comunicación. Como siempre, la ultima y mejor opinión es la suya.