Mientras el Estado sea incapaz de crear instituciones policíacas profesionales, bien adiestradas, equipadas y honradas, no existen condiciones para que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles.

El problema es que sin la milicia en labores de seguridad pública, no existe otra institución para proteger a la ciudadanía ante el grave problema de la delincuencia.

Han transcurrido diez años, largos, desde que el Presidente de la República, Felipe Calderón, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, declaró la guerra al narcotráfico, y en tanto tiempo prácticamente ningún gobernador o presidente municipal ha sido responsable, capaz de certificar a sus policías, y menos ofrecer a los ciudadanos la seguridad que necesitan.

¿Sacar a los militares de las calles significa que los mandatarios estatales y municipales por fin van a hacer su trabajo?

Según ellos para eso están los soldados, y no les cuestan. ¿Para que abandonar su zona de confort? ¿Para qué correr riesgos políticos impopulares?

Estamos atrapados en un círculo vicioso, discutiendo cómo apagamos el fuego… y no como lo evitamos.

El Ejército, en cualquier país, deben de ser el último recurso cuando ocurren fenómenos que el poder civil no puede enfrentar, pero en México, el último recurso es el único recurso, apunta el especialista en seguridad, Javier Ibarrola.

Si en este momento la milicia regresa a los cuarteles, sin garantías de seguridad ciudadana, enfrentaremos una ola mucho mayor de delincuencia organizada y desorganizada; el Gobierno Federal topará con un problema de criminalidad agravada, sobre todo porque la gran mayoría de las policías “civiles” están infiltradas y manipuladas por la delincuencia; ésa es la parte grave del problema.

Por todo esto, urge otorgar un marco legal a las Fuerzas Armadas, para delimitar su área de acción, pero también una Ley de Seguridad Interior y de Seguridad Pública, que responsabilice a la autoridad civil de sus deberes; que defina severos castigos a los incumplidos.

Dar solamente certeza jurídica al desempeño de la milicia en labores de seguridad interior no va a resolver el problema de fondo.

Para regresar a los soldados a los cuarteles primero hay que fortalecer las instituciones policíacas, estatales y municipales con recursos suficientes para equiparlas y adiestrar a sus elementos. Se necesitan plazos y objetivos concretos, una hoja de ruta para construir policías dignas, profesionales y eficaces.

¿Habrá que esperar otros diez años para mejorar lo que ha empeorado?

EL MONJE INDIGNADO: En este país nadie se salva, mucho menos siendo mujer. Ana Gabriela Guevara rompió en llanto al narrar la golpiza cobarde que le dieron cuatro salvajes. El fuero legislativo no alcanza para proteger a nadie de la furia de los bárbaros. En eso, la impunidad es democrática; los responsables de la agresión a la célebre legisladora siguen tan campantes. El ataque indigna, llena de oprobio al Poder Legislativo, y a toda la sociedad. No basta la solidaridad de senadores y diputados indignados; debe aplicarse toda la fuerza para localizar y castigar a los rufianes agresores, como merezcan. El ataque a Ana Guevara no es más que un pálido reflejo del país en el que nos hemos convertido. Igual de lamentable es la reacción de un grupo de inadaptados en las redes sociales; la denuncia de la ex atleta fue recibida con burlas, insultos y descalificaciones por una turba de cobardes, escudados en el anonimato y la impunidad, igual que los golpeadores.