Juan María Naveja
El Seguro Popular navega entre la corrupción y la ineficacia.
Con escasos 15 años de existencia, uno de los proyectos más nobles del gobierno federal profundiza una severa crisis.
Entre el personal médico, es un secreto a voces: no hay materiales suficientes, se carece de las instalaciones adecuadas, hay saturación y la respuesta es dar largas a los pacientes. Se asegura que hace algunos meses, presionado por la falta de insumos, un grupo de especialistas hizo públicas las carencias, la respuesta fue despedirlos.
Un caso real que al parecer se multiplica: una paciente de la Ciudad de México fue programada para intervención quirúrgica, le hicieron todos los procedimientos: consultas, análisis, pruebas de laboratorio, y se le programó para principios de septiembre. Cuando llegó a su cita para la operación, la regresaron porque faltaba el visto bueno de la trabajadora social.
Quedó en agenda para un mes después. Cuando llegó, no había enfermeras.
Nueva programación, ahora para diciembre. La cancelaron de nuevo. Según esto, porque los estudios habían perdido vigencia.
Médicos consultados reconocen que las anteriores son justificaciones porque no quieren correr riesgos ante la falta de recursos humanos y técnicos.
Si la persona tiene suerte la intervención podría ocurrir a principios de año.
El riesgo es que su problema está creciendo, le puede venir un colapso que atente contra su vida. ¿Y el tiempo perdido de la persona? ¿Y el estrés? ¿Y la incertidumbre? ¿Y su empleo? No les importa, el paciente es lo de menos.
¿Qué decir de la corrupción? Un ejemplo: la pasada administración en el estado de Jalisco registró irregularidades por más de 400 millones de pesos, se compró un deficiente software, se simularon intervenciones quirúrgicas, se produjeron, entre otras, dudosas operaciones entre el organismo e instituciones privadas; el caso se ha venido archivando.
Para su operación, el Seguro Popular cuenta con el apoyo de instituciones públicas y privadas con base en la ley que al respecto aprobó la Cámara de Diputados, lamentablemente han crecido los abusos de particulares y la complacencia de las instancias públicas en detrimento del servicio.
Está claro que la Secretaría de Salud no cuenta con la capacidad suficiente, por ello debe subrogar servicios, lo cual no tendría mayor inconveniente si las operaciones fueran a costos reales y de manera transparente, pero en muchos casos no viene sucediendo.
El problema sigue siendo la corrupción, porque iniciativas de este tipo funcionan perfectamente en otros países, pero, en México, son un fracaso, por la red de arreglos irregulares.
El Seguro Popular es un instrumento creado para quienes carecen de todo, para aquellos mexicanos ausentes del sistema de seguridad social que no tienen IMSS, ISSSTE o seguros particulares; es de lo más noble, pero, ojo, no es gratuito, no se trata de un regalo de los gobiernos, sino de un instrumento subsidiario de la sociedad, no lo pagan ni médicos, enfermeras o los funcionarios con su dinero, se paga con los impuestos de todos los mexicanos; digo por si hay algún afán de hacerle sentir a los beneficiarios que reciben un regalo del gobierno.
Bien haría la Secretaría de Salud si dejara de lado las inauguraciones fastuosas de elefantes blancos, llenos de pacientes, pero sin insumos, material quirúrgico ni especialistas.