Gobierno de CDMX busca quedarse con un porcentaje de la plusvalía de cualquier inmueble (Entrevista)

Tras la difusión de que el proyecto constitucional de la Ciudad de México plantea que la plusvalía de un inmueble pasaría a formar parte de las arcas públicas del gobierno capitalino, para restaurar los ecosistemas, el consejero Jurídico del Gobierno capitalino, Manuel Granados, dijo esa es una información mal intencionada porque si fuera así, sería inconstitucional.

En entrevista con José Cárdenas, el funcionario capitalino, explicó que el Artículo 21 de la Constitución de la Ciudad de México se refiere al medio ambiente, a la regulación del suelo, al desarrollo rural y vivienda, «es un proyecto integral, y sólo se trajo a cuento una parte específica del articulo que tiene que ver con el párrafo noveno Inciso C, y lo que se aclara es que no es correcta la apreciación de generar un esquema impositivo a la plusvalía de la propiedad privada».

Expuso que de acuerdo con la recién aprobada Ley General de Asentamientos Humanos, «es en generar contribución a las mejoras públicas que pueda hacer el Gobierno de la Ciudad de México y eso genere plusvalía y, un porcentaje de ello, podría estar destinado, como se establece, a temas de mejora ambiental pero no se refiere a la propiedad privada, se refiere a la inversión que haga el Gobierno de la Ciudad en la función pública».

Precisó que existen intereses específicos para mal informar a la ciudadanía y generar una alarma realmente innecesaria porque lo que se está difundiendo es inconstitucional, contraviene a la Constitución federal, «y no es así, la propia Constitución federal señala justamente esta posibilidad de adoptar medidas conducentes a fin de que esos valores unitarios de suelo puedan servir de base para el cobro de contribuciones sobre propiedad inmobiliaria, pero siempre bajo los principios de proporcionalidad y equidad».

Especificó que en el proyecto de constitución se establece que ese proyecto lo determinará un instituto de planeación colegiado en donde participen académicos y especialistas para que no haya decisiones unilaterales.

Insistió, «no existe en el proyecto de constitución un solo señalamiento en donde se establezca la prohibición a la propiedad privada o erradicar o confiscar temas de esa naturaleza, eso sería inconstitucional y, la verdad, es una campaña de mala fe en términos de generar…».

Al cuestionar a Manuel Granados de ¿dónde viene la mala fe, de los enemigos de Miguel Ángel Mancera?, respondió: «pues bueno de propios actores políticos que aprovechan estos esquemas para generar algún temor en la ciudadanía, eso es falso y yo textualmente lo digo, no hay bajo ninguna circunstancia, en ningún apartado de la Constitución un tema de esa naturaleza».