El autor del libro «Tamaulipas la Casta de los Gobernadores», Humberto Padgett, asegura que el gobierno se vio empujado a la búsqueda del exgobernador de Tomás Yarrington por las circunstancias y no por el propósito fehaciente de hacer justicia.
En entrevista para el espacio de José Cárdenas, destacó el hecho de que a Yarrington se le pretendan imputar delitos cuya existencia se remonta a 18 años.
«Hace cuatro años, a final del sexenio de Felipe Calderón, es cuando se libra la primera orden de aprehensión; han pasado cuatro años de ese hecho, han pasado más de cinco años desde que una Corte del distrito del sur de Texas, con participación de delegaciones de la DEA y el FBI, dieron cuenta de estos hechos, subrayemos que la investigación que tiene por precedente la investigación mexicana, es presumida por una investigación en Estados Unidos, señaló Humberto Padgett.
En ese sentido, reconoció que hay intervención de Estados Unidos, pues de no ser por esa presión no se habrían dado las órdenes de aprehensión o no hubiera actuado la justicia mexicana.
«Yo entrevisté a gentes activos de la DEA durante las pesquisas que llevaron, y me explicaron que siempre mantuvieron informado al gobierno mexicano (…) El gobierno mexicano tiene conocimiento de estos hechos desde tiempo anterior», afirmó.
Recordó que en su obra, dibuja a Tomás Yarrington «como el primer gran beneficiario, al menos hasta donde los documentos permiten ver, de los acuerdos del narcotráfico tamaulipeco y la clase política priista».
Ello, dijo, basado en un acuerdo, donde los narcotraficantes, en ese momento encabezados por Osiel Cárdenas Guillén, entregaban cantidades importantes de dinero en efectivo a los operadores de campaña de Tomás Yarrington, para que éste silenciara sus actividades y consiguiera la gubernatura, a cambio de que el gobernador entregara las principales posiciones de la seguridad pública al crimen organizado.
«Tanto comandantes de la Policía Estatal como de la Policía Judicial fueron designados por decisión directa de Osiel Cárdenas Guillén. Pero no es todo (…) pues no sólo hubo hechos delictivos y susceptibles de ser legalizados desde el concepto de crimen organizado, que es el narcotráfico, sino también hay delitos patrimoniales severos», apuntó el escritor.
Como ejemplo, se refirió a la creación de varias empresas, entre ellas dos constructoras, que facturan, tanto en su gobierno y en el de su sucesor Eugenio Hernández Flores, el equivalente a 500 mil pesos al día.
«Pero además Yarrington compró radiodifusoras, periódicos, empresas, ranchos para la cacería como deporte y para la crianzas de toros, todo ello como desmantelamiento de las instituciones tamaulipecas», agregó.
Por lo anterior, señaló que las acusaciones de los partidos de oposición hacen sobre la posible simulación que la recompensa significa, «tienen sustancia, más allá del alegato político y electorero; lo que vemos en la realidad es un gobierno empujado por las circunstancias y no por el propósito fehaciente de hacer justicia».