En un pronunciamiento dirigido a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y al procurador estatal, Rodolfo Montes de Oca, las organizaciones de Sonora y de otros estados también pidieron que se garantice la reparación del daño para la niña y su familia, quienes ante la negativa de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) este 1 de agosto viajaron a la Ciudad de México para acceder al procedimiento.

Al respecto, Andrea Sánchez, integrante de la agrupación Marcha de las Putas Sonora, movimiento que promueve los derechos de las mujeres y quien ha apoyado a Citlali, dijo a Cimacnoticias que a la par de este pronunciamiento, disponible en el portal de Change.org, las organizaciones están recolectando firmas de la ciudadanía para que apoyen la petición.

Cabe decir que al conocer el caso el colectivo realizó colectas para apoyar los gastos de traslado a la Ciudad de México de la abogada Nohelia Escoboza Chan y del abogado Eduardo Fabian Rico Arias, quienes llevaron el caso inicialmente, para que acompañaran a la niña y a su padre a solicitar que se le practicara el procedimiento.

Actualmente la niña también recibe el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Si bien las agrupaciones hacen un llamado al procurador Montes de Oca, cabe decir que el funcionario defendió el actuar del Ministerio Público al señalar que fue diligente aunque informó que apelaría la decisión del juez de seguir la denuncia como estupro (implica el consentimiento de la niña), según reportaron medios locales.

Los grupos de mujeres firmantes condenaron enérgicamente la violencia institucional y la sistemática violación a los Derechos Humanos ejercida contra Citlali (nombre ficticio), niña indígena de 13 años que fue violada el pasado mes de mayo en el poblado de Miguel Alemán en el estado de Sonora.

A pesar de que la familia de la menor de edad presentó una denuncia penal, el agente del Ministerio Público omitió aplicar la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM-046), que obliga a las autoridades judiciales y de salud ofrecer a la víctima anticoncepción de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo.

Es por ello que Andrea Sánchez dijo que la firma de la ciudadanía es muy importante porque así pueden demostrar que las y los sonorenses no permitirán que vuelvan a suceder casos como el Citlali.

En el pronunciamiento explican que las autoridades debieron actuar conforme la Ley General de Víctimas, la Convención de Belém Do Pará y otras convenciones internacionales; por ello exigen la destitución e inhabilitación del Juez Sexto de lo Penal de Primera instancia, Jesus Manuel Ibarra y demás autoridades responsables que hayan ejercido omisiones e incurrido en violencia institucional por impedir acceso a aborto.

También proponen una campaña informativa masiva sobre derechos de las víctimas de violencia sexual, la ILE en casos de violación, la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE), así como la aplicación del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género y Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia a Niñas y Niños, elaborados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por último las agrupaciones también piden una sanción ejemplar para el agresor de Citlali, quien, consideran, debe ser juzgado por el delito de violación agravada, aunque está siguiendo el proceso en libertad, según saben las activistas sonorenses.

Las agrupaciones firmantes son Marcha de las Putas Sonora, Red Feminista Sonorense, Nosotras Colectiva, Trans Pride, Colectiva Sangre Violeta, Iniciativas Feministas, Colectivo Las Victorias-Monterrey, Nuevo León, 24A nacional, Mujéricas Chihuahua y Colectiva Feminista Nayarit.

Fuente: 24 Horas