En un comunicado se informó que las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia y de Estudios Legislativos, aprobaron en lo general estas legislaciones.
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece las bases de coordinación entre la Federación, estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México para el funcionamiento de dicho sistema y para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
Mientras que la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa busca determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento de este organismo.
Con esta ley, agregó, se da estabilidad y formalidad a los trabajos realizados por auditores y contralores por más de diez años, a fin de establecer lineamientos que favorezcan la auditoría externa e interna en las diferentes esferas de gobierno.
Por el PRD, Armando Ríos Piter expresó que con la desaparición de cerca de 30 mil personas, incluidos los 43 estudiantes, quedó en evidencia “que la corrupción mata, de que ya nos tiene en una condición de violaciones graves a los derechos humanos.”
Con respecto a la Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el legislador del PRI, Miguel Romo Medina, explicó que esta instancia incluirá en sus competencias poder conocer de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares, promovidas por la Secretaría de la Función Pública, y los órganos internos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría Superior de la Federación.
Las comisiones dictaminadoras acordaron que las reservas a estos dos dictámenes se presentarán y discutirán en la sesión extraordinaria del Senado de la República, y que para este martes se analice, y en su caso se apruebe en comisiones, el dictamen relativo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Fuente: La Razón