Como un “crimen espantoso” calificó el semanario The Economist el caso Ayotzinapa, cuyo posible encubrimiento “recuerda a los mexicanos lo que más les disgusta de su gobierno”.

A unos días de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó su informe sobre el caso de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en el que critica al gobierno por obstaculizar su trabajo, el semanario británico publicó un artículo en el que describe así el ánimo entre los mexicanos:

“Nadie sabe lo que realmente sucedió (la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala), pero todo el país está especulando.

“¿A quién, se preguntan los mexicanos, está protegiendo el gobierno? Al Ejército y a la Policía Federal, sospechan muchos. Los mexicanos están aún más horrorizados por el comportamiento de los policías locales.

En su reciente edición el semanario británico reseña cómo el GIEI se ha quejado de que el gobierno mexicano obstruyó su investigación al no permitirle entrevistar a los soldados del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala.

Refiere también que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha dicho que, de acuerdo con un testigo, oficiales de la Policía Federal (PF) estaban presentes cuando los estudiantes fueron sacados de un autobús y agrupados en patrullas municipales sin haber interferido.

El GIEI, subraya The Economist, “cuestiona también si el Ejército no actuó cuando pudo hacerlo”.

Y se refiere a la “verdad histórica” del gobierno como “impactante”. Reseña The Economist.

Destaca además que fue debido a la presión de las familias de los estudiantes desaparecidos que el gobierno invitó a expertos extranjeros convocados CIDH, para investigar. Añade que el grupo no encontró evidencia alguna de que los estudiantes hubieran sido quemados en basurero de Cocula y que ha sugerido que uno de los autobuses quizá estaba siendo utilizado para transportar heroína de Guerrero a Chicago.

The Economist afirma que para el presidente Enrique Peña Nieto el caso ha sido “un desastre de relaciones públicas” pues le tomó un mes reunirse con las familias de las víctimas y 17 meses visitar Iguala.

“El establecimiento del Estado de Derecho en México tomará años”, remata.

Fuente: The Economist