En la maratónica sesión ordinaria que se prolongó por más de 13 horas, se avaló por 90 votos a favor y cuatro en contra esta ley que busca establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar el delito de tortura.
Se mandata que las acciones, medidas, mecanismos y procedimientos, así como la planeación, programación e instrumentación de políticas públicas para la prevención de los delitos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios de dignidad humana, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, no revictimización, perspectiva de género y transparencia y acceso a la información pública.
El dictamen que fue turnado a la Cámara de Diputados establece que el delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial; además de que el ejercicio de la acción penal y la sanción que se imponga judicialmente para este ilícito son imprescriptibles.
Los senadores consideraron conveniente que el servidor público vinculado a proceso por el delito de tortura, se le imponga prisión preventiva y ser suspendido temporalmente de su encargo para no afectar la investigación.
La Ley estipula que se impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días multa, al funcionario que incurra en alguna de las conductas establecidas.
Fuente: Radio Fórmula