Ante el alud de reclamos por la crisis del aparato de procuración e impartición de justicia, urgían respuestas; la Procuradora General de la República Arely Gómez ofrece las primeras…
Tras dos semanas incómodas bajo la lupa de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de la ONU sobre el tema, la titular de la PGR subió a la tribuna del Senado y anunció medidas para atender las recomendaciones de los expertos internacionales.
En el caso Ayotzinapa, confirmó una nueva investigación a cargo de especialistas de cinco países, y la nueva invitación al experto peruano José Luis Torero –quien dijo que los 43 normalistas desaparecidos no fueron incinerados en el basurero de Cocula; le pide que venga a hacer su trabajo con más calma. También ofrece integrar las conclusiones del Grupo de Expertos Internacionales (GIEI) a las indagatorias… y promete total transparencia; confirma la creación de una Fiscalía Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas –ordenada por el Presidente.
Estas acciones son la primera respuesta a los diagnósticos de las altas autoridades internacionales derecho-humanistas que recién visitaron nuestro país, sin embargo, son apenas dos granos de arena en un desierto de desprestigio institucional.
Como lo advirtió el Alto Comisionado de la ONU –Zeid Ra’ad Al Hussein– el negro catálogo de violaciones a los DDHH incluye a miles de mexicanos golpeados por el narco, la trata de personas, el abuso infantil o el despojo de tierras de comunidades indígenas a manos de grandes corporaciones arropadas por la complicidad de autoridades corruptas.
Sobra reiterar la incapacidad e indiferencia de las policías y Ministerios Públicos ante el dolor de las víctimas y la exigencia de castigo a quienes matan, secuestran y despojan.
Lo dicho por la procuradora Arely Gómez apenas ayuda a salir del paso a corto plazo. Aún falta la respuesta del Gobierno Federal a las cuatro recomendaciones del Comisionado de la ONU: 1. establecimiento de plazos para sacar al ejército de las calles; 2. fortalecimiento de todas las procuradurías del país; 3. mejoramiento y la capacitación de cuerpos de seguridad en el uso legal de la fuerza; 4. procesamiento de reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos, desaparición forzada, tortura y corrupción.
Mientras, el Presidente de la República habrá de seguir comiendo sopa de sapos.
EL MONJE LOCO: Y para acabarla de amolar, la organización Human Rights Watch le echa más sal a la sopa…