El Estado mexicano acordó la instalación de una mesa de trabajo para atender la resolución del Comité contra la Tortura de la ONU, respecto a la responsabilidad por torturas cometidas por militares en contra de cuatro personas en Baja California en 2009.

En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República informaron que la resolución de esa instancia es consistente con la recomendación 33/2015 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El Comité de la ONU recomienda a las autoridades mexicanas la liberación de cuatro acusados, quienes actualmente se encuentran en el Centro Federal de Readaptación Social No 4, en Tepic, Nayarit, acusados por secuestro.

En los hechos ocurridos en 2009, los implicados son Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villarreal y Ramiro López Vázquez.

Por ello insta a “iniciar una investigación exhaustiva sobre la tortura a la que fueron sometidos y procesar, juzgar y castigar a los responsables. Conceder a las víctimas una plena reparación del daño, así como su rehabilitación”, cita el comunicado.

De acuerdo con el organismo internacional, se trata de un caso de tortura, detención arbitraria, arraigo, uso indebido de la jurisdicción militar y negligencia de la investigación de los delitos.

En su resolución, el organismo de Naciones Unidas exhorta a eliminar la figura de arraigo y ajustar el Código de Justicia Militar en términos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La mesa de trabajo que se instalará estará integrada por los subsecretarios Roberto Campa Cifrián, Miguel Ruiz Cabañas y el subprocurador Eber Betanzos Torres, así como por el Director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Guevara

Asimismo, por la abogada Mayra Lopez, representantes de los detenidos y por María Luisa Bascur, de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El Estado Mexicano tiene 90 días para enviar información al Comité contra la Tortura de la ONU, sobre toda medida adoptada para atender la resolución.

Fuente: Excélsior