“El Ejército deberá ser investigado, de lo contrario el gobierno de México estaría desacatando las recomendaciones de los especialistas”, porque el la milicia está tomando decisiones por encima de los acuerdos que ha firmado la admnistración federal con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan -y abogado de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa-, Abel Barrera Hernández.
Ayer, en una carta el jefe de Estado Mayor de la Novena Región Militar, Arturo Vallarta Tafolla, indicó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no podrá entrevistar a los militares porque eso no es parte del acuerdo que el gobierno mexicano estableció con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y celebró la “decisión mexicana” de no permitir los encuentros porque se violarían los “derechos fundamentales de los militares”.
En declaraciones antes de la inauguración de una muestra fotográfica en la Normal Rural de Ayotzinapa, Barrera Hernández dijo que el Ejército debe estar supeditado a la autoridad civil, pero por el comunicado emitido por la Novena Región Militar, en el que rechaza que los soldados asignados al cuartel en Iguala sean entrevistados por el grupo de expertos de la CIDH, se ve que está por encima de la autoridad civil, lo que consideró grave, “porque está tomando decisiones por encima de los acuerdos que ha firmado el gobierno de México con la Comisión Interamericana”.
Agregó que el Ejército quiere ignorar lo que pasó en Iguala el 26 y 27 de septiembre.
Reiteró que el gobierno mexicano firmó un convenio con la CIDH y el Ejército forma parte del Estado, por ende no puede tomar decisiones y opiniones al margen de un convenio donde se pidió colaboración para que un grupo de expertos investigara y apoyara.
Ahora el Gobierno federal debe acatar lo que dice el informe, señaló.
Enfatizó que con su postura “el Ejército está violando el convenio que realizó el Gobierno mexicano con la Comisión Interamericana”.
Si hubiera voluntad política el Ejército tendría que acatar las recomendaciones del grupo de la CIDH, por lo que los padres y las organizaciones piden que el informe del GIEI se integre a la averiguación previa en el caso Ayotzinapa, que está en la Procuraduría General de la Republica (PGR), expresó el director del Centro Tlachinollan.
Dijo que además pedirán que de esa investigación sea responsable la misma Procuradora Arely Gómez González y que no se lleve a una subprocuraduría.
Pidió que todas las instancias de gobierno, civiles y militares, sean investigados porque el informe indica la intervención que tuvieron.
Los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural desaparecidos recriminan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) impida que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interroguen a los militares de Iguala.
Fuente: Sin Embargo