El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, reconoce que asume el cargo en un momento difícil, marcado por la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Sin embargo, asegura que aunque no será fácil, pondrá todo su empeño en capturarlo, pues “el Estado mexicano es bastante más que la fuga de El Chapo y lo va a demostrar”. La lección que deja este episodio, dice, es la necesidad de rediseñar y fortalecer el sistema penitenciario.

En entrevista con EL UNIVERSAL, habla de los desafíos en materia de seguridad en el país, principalmente en estados como Tamaulipas y Guerrero, donde se tiene que priorizar el trabajo ante la presencia de grupos delictivos que se “atomizaron” tras la desarticulación de algunos cárteles, organizaciones que diversificaron sus actividades delictivas. Pero también reconoce que se debe hacer frente a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), que mantienen sus actividades.

Al hablar sobre los objetivos que se ha trazado al frente de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), acepta que es fundamental hacer un diagnóstico al interior de la Policía Federal para detectar en qué divisiones no se han obtenido buenos resultados, así como fortalecer las áreas de inspección interna para combatir a los malos elementos, pues el peor delito es el que comete un funcionario, es una “doble traición”.

A nivel nacional, la coordinación con los estados para concretar el modelo de Policía Única es una prioridad, pues “no es lo mismo tener mil 800 policías frágiles que 32 sólidas”; además de que insistirá en que en las entidades se mejoren las condiciones laborales de los uniformados, con salarios dignos y homologados.

¿El comisionado tiene claro que los mexicanos esperan que se capture a El Chapo?

—Vamos a poner todo nuestro empeño en capturar a El Chapo. Por supuesto que no será fácil.

¿El Estado tiene los elementos para capturarlo?

—El Estado mexicano es bastante más que la fuga de El Chapo y lo va ha demostrar.

¿Tienen información de que el capo salió del país?

—Estamos investigando desde el momento en que se conoce la fuga hasta el día de hoy, pero no podemos dar datos, decir esto o aquello.

¿Cómo le proponen ser comisionado, y por qué aceptar en un momento de crisis ante el cuestionamiento a la institución y en general al gobierno por la fuga de El Chapo?

—La invitación del señor Presidente me la transmite el secretario de Gobernación, me llama, voy a su oficina y me comenta que el Presidente ha tomado la determinación de designarme, me invita, y yo por supuesto acepto, convencido de que es un momento difícil, pero que precisamente por eso hay que trabajar más y trabajar mejor. Yo formo parte del equipo del secretario de Gobernación, me invita en este momento y por supuesto estoy dispuesto a dar lo mejor de mí, poner todo mi empeño en esta nueva encomienda.

¿Es posible restablecer la confianza ciudadana después de lo que ocurrió con el líder del Cártel de Sinaloa?

—Nos deja una lección a todos, en esta y en otras materias, de que hay que ser absoluta y totalmente previsores, y fortalecer explícitamente el sistema penitenciario del país, fortalecerlo al máximo, rediseñarlo y reconstituirlo en su misión también.

Cuál es la misión de la pena en los Estados democráticos de derecho: la prevención general del delito, enviar a la ciudadanía el mensaje claro de que los delitos se sancionan, los penales tienen que ser espacios seguros, en los que se respeten los derechos fundamentales de las personas, pero son espacios de sanción que envían un mensaje a la población de que la persona que delinque va a ser sancionada; por supuesto, en los penales de alta seguridad con mayor razón, lo que hay que hacer es fortalecerlos.

Todo lo que se tenga que hacer para mejorar en ese sentido, para garantizar la seguridad en los penales, se hará y se está haciendo.

¿Habrá una certificación?

—Estamos en comunicación con organizaciones de Norteamérica, entre otros con ACA, la sociedad de correccionales norteamericanas que puntualmente genera un listado de los asuntos que han de completarse para tener un penal seguro, es una lista de elementos que hay que cumplir para que un penal sea un espacio confinado, en el que se imposibilite de cualquier manera la fuga de una persona.

¿Sería ese su objetivo?

—Ese es uno de los objetivos, el fortalecimiento del sistema penitenciario, por supuesto su vinculación con entidades federativas y el entendimiento de lo que es la pena en un Estado democrático, lo que es la pena vinculada a un sistema de seguridad en un Estado democrático.

No hay que olvidar, además, que estamos en el nuevo sistema de justicia penal, transitando ya en breve, el 18 de junio de 2016. Todas las entidades federativas deberán estar inmersas absolutamente en este nuevo sistema, y éste prioriza la solución de los conflictos, los mecanismos alternos de solución de controversias y destina la prisión sólo para los delincuentes por delitos graves, de alta peligrosidad, violadores, homicidas, secuestradores, narcotraficantes.

Retos internos y externos

Dicen los analistas que debe limpiar la casa, es un reto, pero ante la fuga hay la percepción de que el narco sigue teniendo la capacidad de infiltrar las instituciones…

—Vamos a fortalecer mucho las unidades de inspección internas, fortalecer lo que se conoce como “policía de la policía”, capacitarlos específicamente para evitar que la gente que debe estar al servicio de la comunidad traicione su misión. No hay peor delito que el delito que comete un servidor público, está al servicio de la ciudadanía, traicionar esa misión y ponerse del otro lado, al servicio de la delincuencia, es lo peor que se puede hacer, es una doble traición.

¿Está consciente de las resistencias que enfrentará?

—Me queda clarísimo que en este tipo de desempeños hay una gran cantidad de retos de esta índole, enfrentar resistencias, por supuesto, y las vamos a enfrentar.

¿Qué pasa con el crimen organizado, está contenido o desarticulado? ¿Cuál es el diagnóstico sobre estas organizaciones?

—En buena parte muchos grupos del crimen organizado se están desorganizando. La dispersión de estos grupos ha generado otras conductas delictivas. Cuando se dispersa a una banda, cuando se captura a los jefes, lo ves en los municipios, inmediatamente crecen delitos como el robo a casa-habitación, el robo a transeúnte, los secuestros exprés, debemos de tener conciencia de esto.

La “atomización” de las bandas genera otras conductas delictivas y secuelas delictivas de la captura y desmantelamiento de las bandas.

Hay otros grupos que siguen organizados, y ahí tenemos que ser como Estado suficientemente capaces de ser mejor organizados nosotros, de vincularnos en grupos específicos de inteligencia, grupos de fusión para enfrentar con inteligencia a estas bandas. Cuando hablamos de priorizar la inteligencia por encima de la fuerza, no se habla de espionaje, se habla de lo que implica la inteligencia en su amplio sentido etimológico: vincular.

La palabra inteligencia significa relacionar, lo que se hace es reunir la información precisa y actuar en consecuencia. Los datos se obtienen de diferentes fuentes, y la sociedad civil es clave, porque aporta información.

La información fundamental deriva de los vecinos, de la persona que está en la calle viviendo, sabe quién vivía humildemente y de la noche a la mañana de pronto tiene casa con alberca y vehículos de marca. Muchas veces no comenta por miedo, por temor, pero sabe el ciudadano, con ellos es con quien tenemos que relacionarnos estrechamente.

Han bajado los delitos de más alto impacto…

—Los que más agravian a la ciudadanía: ha bajado el homicidio doloso, ha disminuido el secuestro, y no sólo la cifra, la percepción misma comienza a ser mejor; por supuesto que hay cifra negra en algunos delitos, y la forma de combatirla es dando resultados, pero las políticas públicas generadas en torno al enfrentamiento de los delitos de alto impacto empiezan a dar frutos.

¿Cuáles son los focos rojos, dónde hay que poner atención?

—Básicamente en Tamaulipas y Guerrero, fundamentalmente. En este momento lo que hace a delitos de alto impacto, son los estados que tenemos que priorizar. Hay otros que tienen situaciones en particular, que también tenemos que atender, pero fundamentalmente estas dos entidades.

¿Qué organizaciones criminales son las que representan la prioridad, qué grupos son el objetivo?

—El Cártel Jalisco Nueva Generación, los grupos vinculados con El Chapo y la atomización de las bandas ha generado dispersión en Tamaulipas, por ejemplo. Como lo comentamos, hay que atender esa dispersión.

¿Cuáles son los aciertos y fallas que ve en el sistema de seguridad, en la estrategia de seguridad del gobierno federal, y qué cambiaría?

—Ha sido un gran acierto profundizar la coordinación con las entidades federativas, las instancias de procuración de justicia y de seguridad pública de los estados de la República.

Cuando se habla de los delitos que corresponden a la Federación, de los artículos que determinan la competencia de los delitos que corresponden a las entidades federativas, todos sabemos que en última instancia los delincuentes no conocen ni de fueros, ni de competencia, que los delincuentes no conocen de fronteras ni estatales ni nacionales. Tenemos que actuar también bajo esa lógica, nosotros como autoridades tenemos que saber que debemos enfrentar al delito coordinadamente, pero no de dientes para afuera, es muy fácil decirlo en el papel.

Hay que generar lo que se conoce como grupos de fusión, lo hacíamos en secuestros. Vincular específicamente para tareas en particular a instancias del gobierno de la República e instancias de seguridad y procuración de justicia de las entidades federativas.

Hay que vincular a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Armada de México, a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal y al Cisen con la procuraduría estatal, con la secretaría de seguridad pública local, grupos de fusión que se especialicen en los temas. No es lo mismo investigar un secuestro que un homicidio, un fraude o un delito patrimonial violento, son cosas totalmente distintas.

La comparación médica es correcta: cuando uno tiene dolor de muelas, pues no va con el grastroenterólogo. Lo mismo sucede en los temas de seguridad, y lo que se ha hecho en la Policía Federal es especializar por divisiones y luego transversalizar, vincular a las diferentes divisiones en temas en común, pero tener especialistas para las áreas, vincularlos con la Policía Científica.

Todo esto tiene que ver con el nuevo sistema de justicia penal. Si la confesión no es la reina de las pruebas, lo será la prueba científica, la prueba técnica, la que no deja rincón de duda, el ADN, una huella digital, la biometría del iris, sin confusión.

Vincular sistemas de inteligencia, generar un sistema de inteligencia que realmente sea útil para las entidades federativas. Muchos de los que estamos ahora en la CNS, de los que estamos en estas áreas del gobierno de la República, venimos de los estados, hemos trabajado en entidades federativas, entonces conocemos de las dificultades y carencias por las que atraviesa una procuraduría estatal, por las que cruza una secretaría de seguridad pública local, entonces no nos platican de los problemas que se dan por carencias, por dificultades de coordinación.

Yo creo que uno de los grandes méritos que hay que profundizar es precisamente esta coordinación, esta vinculación, real, auténtica, entre autoridades del gobierno de la República con autoridades locales.

Dignificar a las policías

¿Es una debilidad que no se ha logrado del todo la coordinación?

—Hay que fortalecerla, así es, tenemos que fortalecer aún más esta relación, y este es un reto del nuevo sistema de justicia, un reto a satisfacer por todas las instancias de seguridad, la vinculación fiscalía-policías.

Qué dice el artículo 21 constitucional: la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, entonces tenemos que capacitar profundamente y dignificar a las policías del país.

La Policía Federal tiene ingresos para sus elementos, digamos dignos, decorosos, pero hay que trabajar con las entidades, con los estados. El tema a solventar en este momento en el Congreso de la Unión —desde nuestra óptica— en nuestro ámbito de responsabilidades, es fundamental la definición de la Policía Única en los estados.

Así como tenemos una procuraduría en cada estado, con una Policía Ministerial, subprocuradurías y delegaciones, así deberíamos ver también con las policías: no es lo mismo tener mil 800 policías frágiles que tener 32 policías sólidas, con salarios homologados, con prestaciones dignas, con posibilidad de vincularse, de relacionarse con más facilidad con el gobierno de la República.

¿Cuál es el obstáculo? Hay estados en que los policías ganan cuatro mil pesos y son fácilmente cooptados por el crimen organizado.

—Eso es lo que tenemos que solucionar, tenemos que generar salarios homologados, dignos, remuneradores y decorosos para los cuerpos policiacos; no puede ser que un policía de un municipio “x” gane tres mil pesos, y el del municipio que está a 50 kilómetros de distancia gane 15 mil al mes, es un absurdo, y que tenga las mismas responsabilidades y que tengan los mismos criterios de exigencia para ingresar a las corporaciones.

Por ejemplo, para ser policía ministerial en cualquier estado de la República, se requiere tener carrera profesional concluida, pero en un estado ganan 8 mil pesos al mes y en otro ganan 25 mil pesos al mes. Entonces les estamos pidiendo lo mismo, hacen los mismos exámenes de control de confianza, rigurosísimos, y después les decimos: “Mira, vas a estar de sol a sol en la Fiscalía de Homicidios, en el área de investigación ‘x’, y vas a ganar cinco mil pesotes al mes”, esto es absurdo.

Cuando decimos que tenemos que respetar los derechos y las libertades de los policías, a eso nos referimos, hay que dignificar la labor policiaca.

Insisto en que hay que revisar el artículo 123, apartado B, fracción 13, que discrimina a los policías en su trato laboral. Los policías son los únicos empleados —junto con los fiscales y los Ministerios Públicos—, que pueden ser retirados de su encargo conforme a la ley vigente al momento de la remoción, es decir, se les puede aplicar la ley retroactivamente en perjuicio.

Y son los únicos empleados a nivel nacional que una vez expulsados de las corporaciones, después de ganar un juicio de amparo, después de demostrar indudablemente que fueron injustamente removidos de su encargo, no pueden ser reinstalados en su empleo, es inconstitucional, paradójicamente porque está en la Constitución, porque las personas tienen derecho a desempeñarse en el empleo que les acomoda siendo éste honesto.

De ahí su mensaje de que no podemos pedirles que trabajen por los derechos de otras personas si no garantizamos los de ellos…

—A eso me refería explícitamente.

¿Cómo lograr que en los estados se trabaje en esa dirección, no es un tema también de voluntad política?

—Justamente la iniciativa de reforma apunta a eso, a la generación de policías únicas, en esta lógica de respeto a la Federación, por supuesto al pacto federal, al 124 constitucional, pero vinculados. La Federación es un acuerdo de cooperación, es una idea de vinculación, hay autonomía, por supuesto, y también respeto a la autonomía municipal, pero el municipio tiene que ver con el alumbrado, con parques públicos, la reforma que motivó que el municipio estuviera a cargo de las policías es muy posterior a la Constitución de 1917.

Entonces hay que ver a la policía como un ente encargado de la fuerza pública, con el monopolio legítimo de la fuerza, vinculado específicamente con la autoridad estatal, no disperso; entonces tenemos que lograr que se modifique el texto constitucional y la legislación secundaria para propiciar 32 policías con fuerza, 32 policías que sean capaces de dotar de recursos y de prestaciones a sus elementos.

No es nada fácil, pero creo que hay que insistir, así como se ha logrado en otros ámbitos lo podemos lograr también en éste.

Diagnóstico a la PF

Existen críticas a los resultados de la Gendarmería…

—Vamos a revisar todas estas críticas, vamos a hacer un diagnóstico, vamos a evaluar específicamente por divisiones, por áreas y atender, vinculados con la sociedad civil. Hay que intensificar la relación con la sociedad civil.

¿Habrá cambios al interior de la Policía Federal?

—Tenemos que hacer un diagnóstico primero, precisamente en la lógica de lo que planteabas: en dónde hay fallas, en dónde hay referencias, en dónde se está trabajando bien, y a partir de este diagnóstico tomar decisiones de acuerdo con el secretario [de Gobernación].

¿Cómo va a operar la PF?

—Se va a reflejar en el fortalecimiento de los grupos de fusión, en las áreas y en las zonas del país que necesitamos que estos grupos se fortalezcan. Son grupos de inteligencia operativos que reúnen las instancias del gobierno de la República con instancias estatales.

La Policía Federal apoyará particularmente la investigación de delitos como secuestro, homicidios, delitos que impactan profundamente a la ciudadanía en esta dinámica de correlación.

¿Cómo lograr la confianza de los ciudadanos?

—Cercanía y resultados, acercarse y permanecer. El policía puede solucionar problemas, conflictos, debe de ser un garante de la paz pública. Es un servicio civil básico para garantizar orden y paz.

¿Qué cambios pueden esperar los elementos de la Policía Federal?

—Necesitan prestaciones. En buena parte le aseguran permanencia en el empleo y lo vinculan con su familia. Quien primero supervisa que no cometan ningún acto delictivo es la esposa, ya que dicen: “Tenemos esta casa, que no tendríamos si no fueras policía, tenemos seguro de vida, un seguro médico”.

Lo que hay que ver es quiénes gozan de estas prestaciones y quiénes, entrecomillas, las tienen, porque una persona que tiene un seguro de vida de 50 mil pesos, es un seguro de vida entrecomillas. Hay que revisar profundamente el tema de los derechos, libertades, prestaciones de las corporaciones policiacas, a nivel nacional, federal, y a nivel entidades federativas.

¿Cómo atacar el tráfico de drogas en maletas de usuarios en el aeropuerto de la ciudad de México?

—Hay una investigación abierta de la PGR, varias averiguaciones abiertas que están atendiendo el tema, no solamente en el país, sino por supuesto en Centroamérica. Cuando tuvimos un caso, lo que descubrimos, lo que vio la Policía Federal, es que buena parte de la problemática no se daba en el país, se da en Centroamérica. Hay coordinación con otras instancias policiacas y de investigación del delito en el mundo, particularmente en Latinoamérica.

Fuente: El Universal