La Procuraduría General de Justicia del DF acumula, en la actual Administración, al menos 10 casos de personas que, tras ser acusadas y detenidas, han tenido que dejar en libertad al no poder acreditar su culpabilidad.

REFORMA hizo un recuento de los llamados casos de «usted disculpe» que ha debido reconocer la PGJDF desde diciembre de 2012.

Por estos casos, hay personas que pasaron de ocho días a siete años en la cárcel.

Para el ex Ombudsman capitalino Luis González Placencia, los errores al acusar a un probable responsable se deben a vicios del viejo sistema de justicia.

«Hay deficiencias en la investigación de los delitos relacionadas con el viejo sistema, que está pensado para fabricar culpables», indicó.

Entre los vicios de las indagatorias está el basar las acusaciones sólo en testimonios y no aportar mayores pruebas periciales para que los jueces puedan valorar si un sospechoso es o no culpable.

Además, de acuerdo con denuncias de activistas, los testigos pueden ser presionados por policías o el propio Ministerio Público para que señalen a alguien responsable o, en algunos casos, simplemente se equivocan al momento de identificar a un sospechoso.

En julio pasado, tras siete años presa, fue liberada la ex agente federal Lorena González, acusada del secuestro y homicidio del niño Fernando Martí.

La PGJDF aseguró que no existían elementos para proceder en su contra.

Alejandro Martí, padre de la víctima, había señalado desde 2012 que nada ligaba a «La Lore» con el plagio.

En abril, en tanto, la Procuraduría fue obligada por un juez federal a pedir disculpas públicas a un hombre –del que se omite su nombre por haber reivindicado ese derecho– al que acusó de homicida.

Esta persona incluso fue exhibida como uno de los delincuentes más buscados.

El mismo mes, pero de 2014, la Comisión de Derechos Humanos del DF le exigió a la Procuraduría disculparse con Marduk Chimalli, un joven detenido y consignado por robo, tras no haberse comprobado su participación en el ilícito.

En enero de ese año, la PGJDF fue obligada a pagar una indemnización y dar una disculpa pública a Aldo Christopher Rivera, a quien señaló como asesino de una mujer.

En diciembre de 2013, resaltó el caso de Yakiri Rubio, encarcelada y acusada de homicidio doloso contra el hombre que la violó.

Una Sala Penal corrigió la acusación por homicidio doloso por homicidio en legítima defensa con exceso de violencia, por lo que la mujer fue liberada tras pagar una fianza.

Después un juez determinó que Rubio era inocente.

Ese año, Mauricio Marichal dejó el arraigo de 28 días al no encontrarse elementos para consignarlo por el asesinato de su tía. El Ministerio Público lo había retenido por su actitud nerviosa al ser interrogado.