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Cuestionan a director del IMER, por ser parte de empresa que participó en licitación de frecuencias de radio

El director del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Carlos Lara Sumano, cuenta con 249 de las 600 acciones de Tecnoradio S.A. de C.V., empresa que apostó por 37 frecuencias de radio en la licitación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y por las que pagará 269 millones 698 mil pesos.

De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, la empresa se inscribió el 26 de octubre de 2011 y en septiembre de 2016 Lara Sumano renunció a ser tesorero.

Para Gabriel Sosa Plata, analista en radiodifusión, no es buen indicio que siendo director general de un medio público participe en una licitación.

Comentó que “genera suspicacias sobre todo tratándose de salarios que se obtienen como funcionario público, salvo que haya ganado cantidades muy elevadas cuando fue consultor”.

El actual director del IMER dirigió el instituto de 1995 a 2000, fue contralor Interno en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; director de Telecomunicaciones de México (Telecomm); asesor de la presidencia en la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), entre otros cargos, indica el portal del IMER.

Jorge Fernando Negrete, analista en telecomunicaciones, opinó que la participación de Lara Sumano en Tecnoradio resulta controvertible. “Veo un problema de interés porque es un funcionario público que tiene información privilegiada del sector…, lo que debió hacer fue renunciar a su posición del IMER para participar en el proceso, aunque sea como socio y no representante”, destacó.

Irene Levy, presidenta de Observatel, coincidió en que es un tema delicado. “Pudiera prestarse a tráfico de influencias y una serie de cuestiones en relación con la industria de la radio, porque él está en esta industria, que si bien la radio pública no tiene publicidad, sí tiene contenidos”, mencionó.

El IFT indicó que no puede confirmar las empresas que participaron en la licitación hasta no tener documentación física completa, pero, si en el proceso comprueban situaciones por la que deba descalificar a algún concursante, procederá según las bases.

 

Fuente: El Universal

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