Una jueza federal declaró a TV Azteca en concurso mercantil, luego de que se acreditó que la televisora propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego atraviesa una situación de insolvencia que le impide cumplir con sus compromisos de pago. La medida abre un periodo de hasta un año para que la empresa negocie con sus acreedores una reestructura de su deuda y evite así la quiebra.
La resolución fue emitida por Tessy del Rocío Covarrubias Torres, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles. La declaratoria se originó a partir de una solicitud voluntaria presentada por la propia televisora en marzo de este año.
TV Azteca reportó ante el juzgado un total de mil 970 adeudos que en conjunto suman 23 mil 345 millones de pesos, cifra que representa un incremento de 147 por ciento respecto a los 9 mil 449 millones de pesos que la empresa debía al cierre del año 2022.
Entre los principales acreedores figuran los tenedores de bonos emitidos en Nueva York, quienes sostienen que el monto real de la deuda asciende a 663 millones de dólares, equivalentes a alrededor de 11 mil 600 millones de pesos, dado que la televisora incumplió el pago de capital e intereses desde 2021. Ese grupo promovió una sentencia ante una Corte Federal de Nueva York para exigir el cobro.
Otro acreedor relevante es Alter Bank, institución financiera con sede en Santa Lucía, a quien TV Azteca adeuda 4 mil 90 millones de pesos en virtud de un crédito otorgado poco antes de que se presentara la solicitud de concurso mercantil. Adicionalmente, la empresa reconoce pasivos por aproximadamente 3 mil 500 millones de pesos con otras compañías relacionadas con el propio Salinas Pliego, aunque estos acreedores vinculados no podrán participar en la votación de un eventual convenio de reestructura.
Como parte de las medidas dictadas con la declaratoria, la jueza ordenó el nombramiento de un conciliador que encabezará las negociaciones entre TV Azteca y sus acreedores, y supervisará el cumplimiento de las obligaciones durante la etapa de conciliación. Además, los integrantes del Consejo de Administración de la empresa quedaron sujetos a una medida de arraigo administrativo que les prohíbe salir de la Ciudad de México sin designar previamente un representante legal.
La resolución también establece la suspensión del pago de las deudas contraídas antes de la declaratoria, con excepción de las necesarias para garantizar la operación cotidiana de la televisora, así como la suspensión de embargos y procedimientos de ejecución contra sus bienes. Dicha protección, sin embargo, no se extiende a las filiales de la empresa.
El futuro de TV Azteca dependerá de la capacidad de sus directivos para alcanzar acuerdos con sus principales acreedores dentro de los plazos legales establecidos. De no lograrse un convenio de reestructura satisfactorio, la compañía podría ser declarada en quiebra, escenario que pondría en riesgo la continuidad de uno de los principales grupos televisivos del país.