A la senadora morenista Julieta Andrea Ramírez Padilla se le hizo una buena idea adelantar los tiempos políticos en Baja California. Con la mira puesta en la gubernatura, desde marzo pasado, la legisladora ordenó un despliegue masivo de propaganda en exteriores y redes sociales.
En cuestión de semanas, las calles de municipios clave como Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada se llenaron de pintas de bardas con frases diseñadas para el posicionamiento personal: “Que sea Julieta”, “Julieta Ramírez es la mera mera” y “Aquí estamos contigo, Julieta Ramírez”.
La abierta promoción territorial de Ramírez, cercana a la gobernadora Marina del Pilar desde 2019, provocó la inconformidad de los partidos de oposición, que la acusaron de realizar actos anticipados de campaña.
Los políticos bajacalifornianos vinculan a Julieta Ramírez como una pieza más del “marinismo”. Su carrera despegó a los 24 años como asesora de Marina del Pilar en la Cámara de Diputados; en 2019 se convirtió en su coordinadora de campaña juvenil y luego secretaria particular en la alcaldía de Mexicali. Ramírez escaló a diputada federal (2021-2024) y amarró la primera fórmula al Senado por Baja California (2024-2030).
Sin embargo, el verdadero golpe a la estrategia de la senadora no vino de los partidos políticos de oposición. Todo cambió cuando el fuego amigo la alcanzó desde sus propias filas.
Fue la militante morenista Cindy Guadalupe Sánchez Moreno quien inició formalmente el procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido oficial el 15 de abril.
Lo que comenzó como una denuncia de la base partidista se consolidó al acumularse otra queja presentada el 21 del mismo mes por la militante Magdalena Lourdes Medina Calderón ante el tribunal interno del partido.
