El golpe de Washington es devastador; es la formalización de una sospecha que llevaba meses circulando. Estados Unidos lanza un misil e impone agenda.
El Departamento de Justicia acusa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios, de proteger al cártel que manda en ese estado. Y el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes va todavía más lejos: “se acabó la impunidad para los narcoterroristas” y “esto es solo el principio”. En la lectura de Washington, la narcopolítica en México dejó de ser una sospecha que podría tener graves consecuencias.
La respuesta de la presidenta de la República intenta reposicionar el conflicto en el terreno de la soberanía; reacciona a la defensiva. Dice que solo extraditará a los acusados si hay pruebas sólidas e irrefutables, y si éstas no existen, el objetivo de la acusación sin duda tiene fondo político.
Este nuevo conflicto deja claro que las detenciones y los decomisos siempre fueron insuficientes porque la voluntad política nunca acompañó los operativos. Hoy esa omisión tiene alto costo, tiene calendario y tiene firma extranjera. La pared se cayó. Sheinbaum puede mandar todas las notas diplomáticas que quiera; lo que viene ahora es asumir los costos de no haber actuado cuando todavía podía hacerlo en sus términos. Ahora ya no son sus términos. Son los de Washington.
En pocas palabras, si Sheinbaum protege a Rocha Moya, mal y si lo entrega, peor.