Una investigación federal en Estados Unidos destapó una red internacional de tráfico de armas que buscaba abastecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con equipo militar de alto poder a cambio de operaciones valuadas en millones de dólares, según documentos judiciales presentados en una corte.
La fiscalía del Distrito Este de Virginia detalló que el búlgaro Peter Dimitrov Mirchev compareció tras su extradición desde España, acusado de conspiración para distribuir cocaína y de participar en operaciones vinculadas con armamento destinado al narcotráfico. En el mismo caso figura el keniano Elisha Odhiambo Asumo, quien ya enfrenta cargos en dicho país por su presunta participación en esta red criminal.
De acuerdo con la acusación, los implicados negociaron cargamentos de armas con un valor de varios millones de dólares, con el objetivo de equipar al CJNG en México. Las conversaciones registradas por agentes encubiertos muestran que los detenidos no sólo ofrecían el suministro, sino que detallaban el tipo de arsenal disponible y su capacidad de entrega.
Entre el equipo propuesto destacan “ametralladoras, lanzacohetes, granadas, rifles de francotirador y armas antiaéreas”, además de tecnología táctica como dispositivos de visión nocturna y minas antipersonales.
Según el expediente, los acusados reconocieron que el destino final de ese arsenal sería México, especialmente a las células del CJNG. En las reuniones, señalaron que el grupo criminal requería ese tipo de equipo para reforzar su poder operativo, tanto en disputas territoriales como en la protección de rutas de narcotráfico.
Otro elemento clave radica en el conocimiento que tenían sobre el uso de las armas. La fiscalía sostiene que los implicados entendían que el armamento serviría para facilitar el traslado de grandes cargamentos de cocaína desde México hacia EU, lo que vincula directamente el tráfico de armas con la cadena de suministro de drogas.
El caso también documenta prácticas diseñadas para evadir controles globales. Las investigaciones señalan que los acusados recurrieron a certificados falsos de usuario final con el fin de simular exportaciones legales y ocultar el destino real del armamento. Esa estrategia permitió mover equipo bélico sin activar alertas en sistemas de supervisión internacional.
La acusación sostiene que Mirchev presuntamente reclutó a Asumo para obtener de manera corrupta un certificado de usuario final emitido por un país que encubriera al verdadero destinatario de las armas. A partir de esa operación, Asumo y otro implicado, identificado como Mwapinga, habrían conseguido un documento expedido por Tanzania que autorizaba la importación de rifles AK-47.
Como parte de una prueba inicial, los involucrados concretaron un envío de armas desde Europa del Este. El expediente señala que Mirchev y sus colaboradores exportaron 50 rifles AK-47, cargadores y municiones, desde Bulgaria, utilizando ese certificado.
Las indagatorias también describen que la red no se limitó a ese cargamento. De acuerdo con la fiscalía, los acusados continuaron sus planes para suministrar armamento aún más sofisticado a cárteles, con propuestas que incluían misiles tierra-aire, drones antiaéreos y el sistema de artillería ZU-23.
A nivel financiero, las dimensiones del negocio resultan aún más reveladoras. Según la acusación, Mirchev elaboró un listado de armamento destinado al CJNG con un valor aproximado de 53.7 millones de euros, equivalente a cerca de 58 millones de dólares, lo que confirma el alcance económico de la operación.
En cuanto a los perfiles de los detenidos, Mirchev aparece como uno de los principales operadores en la negociación directa de armas. Autoridades lo ubican como enlace entre proveedores y compradores, con participación activa en reuniones donde definió la oferta de armamento y las condiciones de venta.
Por su parte, Asumo desempeñó un rol clave en la logística de la red. Se le vincula con la obtención de documentos falsificados y con la coordinación de envíos hacia el CJNG, lo que refuerza la hipótesis de una organización con funciones claramente distribuidas.
Las indagatorias subrayan que ambos acusados actuaron con pleno conocimiento del destino del arsenal. Documentos judiciales indican que aceptaron que el equipo se dirigiría al CJNG, lo que fortalece los cargos por conspiración y su relación con actividades de narcotráfico.
Además, el expediente revela que la red no operaba de forma aislada. La fiscalía identificó conexiones con ciudadanos de Europa y África, lo que confirma la existencia de un entramado transnacional capaz de movilizar armas de alto poder hacia organizaciones criminales en México.
El proceso judicial también resalta la peligrosidad del CJNG, señalado como uno de los principales destinatarios del armamento. En ese contexto, las autoridades advierten que el flujo de armas desde mercados internacionales alimenta la violencia en territorio mexicano y fortalece las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Pese a muerte de El Mencho cártel mantiene presencia
A casi un mes del asesinato de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) conserva capacidad operativa en distintas regiones del país, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
Durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum en Quintana Roo, el funcionario federal subrayó que la estructura criminal no se desarticula con la caída de su principal dirigente.
“Es un grupo que tiene presencia en varios estados de la República, es un grupo muy fuerte del crimen organizado, que si bien representa, con la neutralización de su líder principal un debilitamiento a la estructura, no quiere decir que el grupo haya desaparecido, por supuesto tiene presencia a nivel nacional y es un grupo con alta peligrosidad”, sostuvo.
Frente a cuestionamientos sobre los recursos financieros y bienes vinculados al líder abatido, el titular de la SSPC evitó detallar avances específicos. Señaló que la información corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de integrar las investigaciones derivadas del operativo ejecutado por la Secretaría de la Defensa Nacional.
García Harfuch puntualizó que será la autoridad ministerial quien precise el alcance de los aseguramientos: “Yo preferiría que fuera la Fiscalía General de la República para que pueda dar con precisión qué inmuebles se han asegurado y qué diligencias se han llevado a cabo, que tengo entendido, han sido ya algunas”.
Mientras avanzan las indagatorias, el Gobierno federal reconoce que la organización criminal conserva una red activa en diversas entidades, en un escenario en el que la pérdida de liderazgo impacta la estructura, pero no elimina la operación del grupo, considerado uno de los más peligrosos en el país.