La portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, defendió la legalidad de los ataques estadounidenses contra lanchas sospechosas de transportar drogas, argumentando que las personas a bordo «son terroristas» identificados por equipos de inteligencia.
«Nuestra inteligencia confirma sin lugar a dudas quiénes son estas personas», declaró Wilson en rueda de prensa, aunque se negó a revelar los métodos empleados para identificarlos. La funcionaria aseguró que todos los abogados militares y civiles del Pentágono tienen certeza sobre la naturaleza terrorista de estos individuos.
Wilson afirmó que las autoridades estadounidenses conocen «lo que transportan, de dónde vienen y adónde van», señalando que el objetivo es llevar drogas a costas estadounidenses que «matan y dañan a los ciudadanos».
La portavoz destacó que la designación de estos grupos como organizaciones terroristas por parte del presidente ha abierto nuevas posibilidades de acción para el Departamento de Guerra, permitiendo actuar de formas que antes no eran posibles.
El Pentágono enfrenta controversia tras revelaciones del Washington Post sobre el primer ataque del 2 de septiembre, donde murieron 11 personas. Según funcionarios anónimos citados por el diario, se realizó un segundo ataque específicamente para eliminar a dos supervivientes del bombardeo inicial.
Sobre este incidente, Wilson respaldó la decisión del almirante Frank Bradley de ordenar el segundo ataque, calificándola como «la decisión correcta». El secretario de Guerra, Pete Hegseth, respalda completamente al almirante Bradley, según informó la portavoz.
Wilson reiteró que «la decisión de volver a atacar a la embarcación narcoterrorista fue tomada por el almirante Bradley», quien operó bajo supervisión de autoridades establecidas para garantizar la destrucción de la embarcación y «la eliminación de la amenaza» para Estados Unidos.
Desde agosto hasta la fecha se han registrado 21 ataques contra presuntas narcolanchas, con un saldo de 82 supuestos narcotraficantes muertos, según cifras confirmadas por el Departamento de Guerra.
La Casa Blanca y el Pentágono defienden el derecho de Estados Unidos a detener el flujo de drogas hacia el país, aunque la vocera presidencial Karoline Leavitt no respondió sobre qué ley permite no dejar supervivientes en ataques militares en alta mar.
«Cada ataque contra estas organizaciones terroristas designadas se realiza en defensa de intereses nacionales vitales» para Estados Unidos y para proteger su territorio, afirmó Wilson en la primera rueda de prensa del Departamento tras retirar credenciales a la mayoría de medios acreditados por rechazar nuevas reglas que obligarían a reportar solo información aprobada por el organismo.