La Comisión Europea presentó este miércoles una propuesta para posponer por más de un año las obligaciones que deberán cumplir los sistemas de inteligencia artificial considerados de alto riesgo, con el objetivo de ofrecer mayor certeza jurídica a las empresas del sector tecnológico.
La medida busca aplazar hasta diciembre de 2027 la aplicación de estándares técnicos que garanticen que estos modelos no vulneren derechos fundamentales ni representen amenazas para vidas humanas. Originalmente, estos requisitos debían implementarse en agosto de 2026.
La normativa europea clasifica como sistemas de alto riesgo aquellos modelos utilizados por bancos para evaluar probabilidades de devolución de préstamos, herramientas empresariales para selección de personal mediante currículums, o tecnologías aplicadas a la gestión del tráfico vehicular, entre otros.
Bruselas justificó el retraso al reconocer que el diseño de estos estándares técnicos, en coordinación con la industria y los países miembros, resulta complejo y requiere más tiempo. La Comisión se comprometió a publicar los criterios antes de finalizar 2027, mientras tanto prohibe la comercialización de cualquier sistema de alto riesgo que represente peligro para las personas.
Esta propuesta forma parte de una revisión más amplia de las regulaciones tecnológicas europeas, con el argumento de reducir la carga burocrática. La Comisión extendió también facilidades para pequeñas y medianas empresas, simplificando la documentación requerida, medida que podría generar ahorros superiores a 225 millones de euros anuales.
Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de política digital, señaló que aunque la Unión Europea cuenta con talento, infraestructuras y un amplio mercado interior, las empresas emergentes y pequeños negocios frecuentemente enfrentan obstáculos derivados de excesiva burocracia.
A diferencia de borradores previos, el Ejecutivo comunitario decidió no posponer la imposición de multas para modelos de inteligencia artificial generativa como ChatGPT de OpenAI o Gemini de Google que incumplan requisitos de transparencia, particularmente la obligación de advertir a usuarios cuando un contenido ha sido generado por máquinas.
Para que esta revisión normativa entre en vigor, requiere aprobación del Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. La izquierda europea ya anunció su rechazo, argumentando que Bruselas cede ante presiones de la administración estadounidense contra los esfuerzos regulatorios de las tecnológicas en la UE.