La fiscal suprema peruana Zoraida Ávalos presentó este viernes una petición formal ante el sistema judicial de Perú para ordenar la captura y encarcelamiento preventivo de Betssy Chávez, quien fueó primera ministra durante el gobierno del expresidente izquierdista Pedro Castillo. Chávez enfrenta juicio junto al exmandatario por el intento fallido de golpe de Estado y desde el lunes se encuentra refugiada en la sede diplomática de México en Lima tras recibir asilo político.
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Según el documento de la fiscal publicado por medios locales peruanos, la razón principal que motiva esta nueva solicitud de prisión preventiva es la violación de los términos de la libertad condicional que Chávez tenía vigente hasta ahora. La exfuncionaria estaba obligada a presentarse periódicamente ante autoridades judiciales tras su excarcelación ordenada por el Tribunal Constitucional en septiembre pasado.
La representante del Ministerio Público argumentó que la medida de prisión preventiva resulta idónea en este caso debido a que «la comparecencia con restricciones no cumplió cabalmente su finalidad» y se considera «útil y adecuada» para garantizar la continuidad del proceso penal, asegurando la presencia de la imputada y evitando obstrucciones en la investigación de la verdad.
Chávez está siendo procesada por la Fiscalía peruana por su presunta participación en el intento fallido de golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo en 2022. El Ministerio Público solicita una condena de 25 años de prisión por el delito de rebelión, tanto para la exprimer ministra como para Castillo y otros exintegrantes de su gabinete.
La exfuncionaria permaneció bajo prisión preventiva desde junio de 2023 hasta septiembre de 2025, cuando el Tribunal Constitucional dispuso su liberación al determinar que había sido víctima de una detención arbitraria, ya que la Fiscalía no solicitó oportunamente la ampliación del periodo de prisión provisional dentro del plazo establecido.
Tras recuperar su libertad en septiembre, Chávez quedó sujeta a estrictas condiciones: no podía abandonar Lima sin autorización judicial, debía cumplir con el control biométrico cada 7 días, y estaba obligada a comparecer ante el juez o fiscal cuando fuera requerida para cualquier actuación procesal.
Sin embargo, a principios de esta semana, Chávez ingresó a la representación diplomática mexicana en Lima. La Cancillería peruana confirmó que solicitó y obtuvo el asilo político de México, lo que provocó que el gobierno peruano anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas con México, rechazando que la exfuncionaria sea considerada perseguida política.