El ‘viacrucis migrante’, una manifestación simbólica que por años visibilizó el sufrimiento de miles de personas en tránsito hacia Estados Unidos, fue suspendido este 2025 en la frontera sur de México debido al miedo de los migrantes a ser víctimas del crimen organizado y a las políticas migratorias restrictivas de la administración de Donald Trump.
Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), confirmó la cancelación del evento, que tradicionalmente se llevaba a cabo durante la Semana Santa en Tapachula, Chiapas, frontera con Guatemala.
Los migrantes centroamericanos y suramericanos han decidido no avanzar hacia el norte de México por temor a secuestros, extorsiones, violaciones y desapariciones, así como por el reciente endurecimiento de los controles migratorios en la frontera de México con EE.UU.
Según los datos más recientes del Departamento de Seguridad Interna (DHS) estadounidense, el número de cruces ilegales en la frontera entre ambos países se redujo en 97%, desde que Trump amenazara con castigar a México y Canadá por la falta de acciones para frenar la migración irregular y el tráfico de drogas, en especial, fentanilo.
Durante años, el viacrucis migrante ha sido una forma de denuncia pacífica ante las agresiones sufridas por personas en movilidad, en especial mujeres, niñas y niños. En esta ocasión, sin embargo, el temor superó la voluntad de manifestarse y de alcanzar el denominado ‘sueño americano’.
Wilmer José Ortiz Márquez, migrante hondureño, expresó a EFE su preocupación por los peligros que implica el trayecto por México. Para Ortiz Márquez, el principal riesgo es el secuestro y la violencia del narcotráfico, en la que las mujeres y los niños son los más vulnerables, mientras que su mayor miedo es no poder llegar a EU. Además de la inseguridad, los migrantes enfrentan trabas burocráticas.
La lentitud de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del Instituto Nacional de Migración (INM) para expedir documentos legales agrava la situación, impidiendo que muchos puedan buscar trabajo o trasladarse legalmente hacia el norte del país.
Julia Molina, migrante salvadoreña, explicó en entrevista con EFE que teme ser víctima de redes criminales. En tanto, Carmen Madriz, una venezolana de la tercera edad, enfrenta un problema distinto: no puede regresar a su país por falta de recursos.
Hasta el momento, ni la Secretaría de Gobernación ni el Instituto Nacional de Migración, que hasta ahora no tiene titular, han emitido una postura sobre la suspensión del evento ni sobre las denuncias de violencia hacia migrantes en tránsito. EFE