A través de la firma legal Trusan & Roma, Abogados, 727 personas presentaron una demanda de amparo colectivo contra las recientes reformas que dieron origen al Fondo de Pensiones para el Bienestar que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La firma fue quien formalizó y presentó esta demanda, que incluye a personas del sector privado y público. Cabe recordar que, apenas este 1° de mayo, entró en vigor la reforma. Además, el mandatario firmó la creación de dicho fondo.
La controversia surge por la implementación de las reformas que, según los demandantes, afectan directamente la gestión y el futuro de sus recursos pensionarios. Los litigantes catalogaron la reforma como inconstitucional y una violación al principio de seguridad jurídica.
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Los demandantes argumentan que las modificaciones legislativas alteran de manera retroactiva las condiciones bajo las cuales ellos decidieron administrar sus fondos de pensiones.
Además, señalan que la reforma no solo afecta sus planes a futuro, sino que también pone en riesgo la estabilidad financiera de sus familias.
Trusan & Roma, Abogados, destacó que este amparo colectivo es el primero de su tipo contra el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Asimismo, enfatizó que la lucha legal apenas comienza y que se esperan más acciones similares por parte de otras instituciones y organismos afectados.
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Entre las entidades que se prevé se unan a la demanda se encuentran el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que podría significar una escalada en el conflicto legal.
El gobierno, por su parte, desde su discusión en el Congreso de la Unión, defiende que la reforma era necesaria para garantizar pensiones suficientes y dignas para los trabajadores al final de su vida laboral.
Sin embargo, los demandantes ven en la reforma una amenaza a sus derechos adquiridos y a la autonomía sobre sus ahorros para el retiro.
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La resolución de esta demanda de amparo será determinante no solo para los 727 demandantes sino también para el futuro del sistema de pensiones mexicano.