Con la resolución de la ONU lista, el espaldarazo de la Unión Europea y el camino en la región más que allanado, el presidente Juan Manuel Santos asiste en Quito (Ecuador) a una cita crucial para el proceso de paz colombiano.
Ante los jefes de Estado y delegados de los 32 países que componen la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el primer mandatario tendrá la misión de explicar la importancia de la decisión unánime del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de crear la misión que se encargará de verificar el cese del fuego bilateral y definitivo con las Farc. Un proceso en el que, según lo acordado en las negociaciones de La Habana, el organismo regional jugará un papel determinante.
“Iré a la cumbre de la Celac para formalizar su contribución en esta misión especial (…) Voy a agradecer también el respaldo unánime de toda América Latina y el Caribe para terminar el último conflicto armado del hemisferio”, manifestó Santos antes de iniciar su viaje.
La misión de verificación plantea un reto importante para la joven comunidad, que lleva cuatro años en operación. Y la tarea no es de poca monta. Según lo pactado por los equipos negociadores del Gobierno y las Farc en la mesa de diálogos en Cuba, observadores de los países miembros de la Celac —elegidos por la ONU— serán los encargados de hacer el monitoreo del cese del fuego y el desarme, una vez se firme el acuerdo de paz definitivo con la guerrilla.
En su camino para constituirse como un bloque de poder determinante en la región y con un papel mucho más predominante que el de la Organización de Estados Americanos (OEA), la misión de verificación se presenta como una oportunidad para que la Celac afiance su rol como escenario de concertación política, capaz de coordinar acciones en favor de la resolución de conflictos intrarregionales. Podría ser también la coyuntura que se necesitaba para acallar las críticas de quienes creen que tan sólo se trata de un foro regional sin verdaderas capacidades de producir resultados determinantes. Y las expectativas de la comunidad internacional en ese sentido son altas.
En el documento de la resolución, por ejemplo, Naciones Unidas aseguró que el Consejo de Seguridad está a la espera de las contribuciones que los estados miembros de la Celac harán a la misión, mientras la Unión Europea, a través de la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, señaló que la comunidad “tiene una gran oportunidad de participar una vez más en la estabilidad regional y mostrar solidaridad hacia Colombia al participar en esta misión”.
Por eso, la aprobación de la resolución para la misión de verificación por parte de la ONU no pudo llegar en mejor momento. Sobre todo para el presidente Santos, que tendrá el espacio ideal para poner sobre la mesa el tema de la paz en el contexto regional. El jefe de Estado sostendrá diferentes reuniones con varios de los 33 presidentes y representantes de la Celac, y no se descarta un encuentro con Jeffrey Feltman, secretario adjunto para asuntos políticos de la ONU, quien asiste a la cumbre en representación del secretario general Ban Ki-moon.
Y mientras llega la hora de la verdad para Santos, la canciller, María Ángela Holguín, adelantó ayer la tarea. En el marco de la cumbre, participó en la IX Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, durante la cual se revisó la agenda del encuentro y se aprobaron los compromisos y documentos que serán adoptados por los mandatarios en diferentes temas, entre ellos el proceso de paz de Colombia. La discusión de los jefes de Estado también girará en torno a la fijación de una agenda de trabajo hasta 2020 para erradicar la pobreza extrema en los países de la región.
Los acuerdos que se logren en la cumbre de Quito serán cruciales en la etapa final del proceso de negociaciones con las Farc, sobre todo si se tiene en cuenta que con una fecha límite ya definida —23 de marzo— para la firma del acuerdo final entre Gobierno y Farc, los tiempos comienzan a ser el punto clave.
Según explicó la canciller Holguín, la comisión de verificación del fin del conflicto, que tendrá un mandato de 12 meses (prorrogables), estaría lista en máximo tres meses, es decir, un mes después de la fecha límite establecida por las partes. “Vamos a ver cuánto se demora las Naciones Unidas. Yo calculo que podrían ser unos dos o tres meses porque necesitan conseguir los verificadores y su capacitación”, subrayó.
Fuente: El Universo