Lo anterior por sus supuestos vínculos con la delincuencia organizada, mal uso de recursos públicos y escándalos de corrupción y sobornos.
De éstos, únicamente el general Cienfuegos Zepeda y la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) Rosario Robles Berlanga enfrentan esas acusaciones en detención, mientras que quien fuera director de Pemex en el sexenio pasado, Emilio Lozoya Austin, afronta su proceso penal como testigo colaborador.
Otros dos funcionarios del gobierno de Peña Nieto: Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) —señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de tortura por el caso Ayotzinapa—, y el general Eduardo León Trauwits —imputado por sustracción ilegal de hidrocarburos cuando estuvo al frente de la seguridad de la red de ductos de Pemex—, permanecen en calidad de prófugos de la ley.
El pasado jueves, el extitular de la Defensa Nacional —el militar de más alto rango del gobierno de Peña Nieto— fue detenido en Los Ángeles, California, mientras que la primera detención, en agosto de 2019, fue la de Rosario Robles Berlanga, acusada de desvío de recursos públicos por la llamada Estafa maestra.
Lozoya Austin fue detenido el pasado 12 de febrero en Málaga, España. Luego de ser extraditado a México, se apegó a la figura de testigo colaborador a cambio de proporcionar información sobre los sobornos de Odebrecht y la compra a sobreprecio de la planta de Agro Nitrogenados.
En su declaración inicial, la cual fue filtrada, el exdirector de Pemex vinculó a al menos otros cinco secretarios de Estado con diversos ilícitos.
Se trata de Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores; José Antonio Meade Kuribreña, exsecretario de Hacienda y de Desarrollo Social; José Antonio González Anaya, también extitular de Hacienda, exdirector de Pemex y del IMSS, así como Pedro Joaquín Coldwell, quien estuvo al frente de Energía, e Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía.
Los señalados
Dentro de ese esquema de corrupción, según la declaración de Lozoya ante la FGR, Peña Nieto y Videgaray Caso le ordenaron distribuir más de 500 millones de pesos —provenientes de los sobornos que Odebrecht dio para el pago a asesores extranjeros, durante la campaña de 2012—, a legisladores y a un partido.
Sobre el exsecretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, éste fue denunciado, junto a la constructora OHL —una de las empresas beneficiadas con contratos en el sexenio pasado— por probables actos de corrupción. Ruiz Esparza falleció el pasado 1 de abril.
Un caso más fue el del exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien en agosto pasado fue señalado de enriquecimiento ilícito por 14 millones de pesos.
El 14 de septiembre, el ahora coordinador del PRI en el Senado informó que recibió, de la FGR, una comunicación del no ejercicio de la acción penal en su contra, derivada de la investigación sobre su situación patrimonial.