La Fiscalía General del Estado anunció este lunes que se querellará por cargos de rebelión, sedición y malversación contra miembros del destituido Gobierno de Cataluña y del órgano rector del parlamento local, que la semana pasada permitió una votación para declarar la independencia.
De acuerdo con la ley española, estos delitos podrían ser castigados, respectivamente, con penas de hasta 30, 15 y seis años de prisión.
El fiscal general del estado, José Manuel Maza, dijo que pedirá a los jueces que adopten medidas preventivas contra los funcionarios, pero no aclaró si entre ellas estaría su detención inmediata y envío a prisión hasta el juicio.
Una de las demandas contra los cesados dirigentes se presentó en la Audiencia Nacional. En ella se incluye al expresidente Carles Puigdemont y a su número dos, Oriol Junqueras, aunque Maza no los mencionó por su nombre.
En su querella, Maza define el delito de rebelión como el «más grave que puede cometerse contra el Estado y sus «principales instituciones». Asimismo, agregó que «con sus acuerdos, posibilitaron la tramitación de los proyectos esenciales para el desarrollo y la culminación del proceso independentista».
La segunda de las querellas, que afecta a los miembros de la mesa del parlamento de Cataluña, entre ellos la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, se presentó ante el Tribunal Supremo
En España, algunos cargos electos, como los legisladores regionales, gozan de un cierto grado de inmunidad y solo pueden ser juzgados por el máximo tribunal del país.
Los querellados serán citados próximamente a declarar, tras lo que se les podrían aplicar medidas cautelares, que podrían incluir fianza y embargo de bienes por hasta 6 millones 207 mil 450 euros. El proceso contra el Gobierno catalán se realizará en la Audiencia Nacional y el segundo caso será tratado por el Tribunal Supremo.
Maza presentó los cargos en una breve aparición televisiva en Madrid en la que no admitió preguntas de los reporteros.
Fuente: El Financiero