Andares Políticos
Benjamín Torres Uballe
Los recientes sucesos han puesto al descubierto la corrupción que prevalece en algunas de nuestras instituciones, que son las encargadas de salvaguardar nuestra seguridad y la de nuestras familias, afirmó este martes el presidente ejecutivo y del Consejo de Administración del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, al referirse a los sismos del pasado septiembre.
“Actos rapaces de algunos funcionarios, que parecen no tener memoria, lejos de prever la integridad y el buen funcionamiento de los inmuebles y lugares públicos, no han visto más que por su propio beneficio, y han sido causantes de que muchas familias hayan visto afectado su patrimonio de vida”, fustigó el dueño del diario más influyente en México.
Y los señalamientos del empresario no son una voz en el desierto. Constituyen, asimismo, un clamor general que ya puso en juicio la corrupción que priva en las autoridades de la Ciudad de México y delegacionales en el tema de las autorizaciones para construir, lo cual va estrechamente ligado a la condenable voracidad de constructoras e inmobiliarias, que es solapada en las oficinas gubernamentales.
En este contexto, la podredumbre en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), a cargo de Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, es todo un caso. El Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles (CMIC) considera que la caída del sistema en esa secretaría capitalina “sólo confirma la ola de corrupción existente en la dependencia y una parte de los inscritos como Directores Responsables de Obra y Corresponsables… es muy probable que la tiraron a propósito”.
“Presumimos que la caída del Sistema de Información Geográfica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) no es otra cosa que una forma de obtener tiempo para tapar todos los hoyos de la corrupción que existe donde se han privilegiado el compadrazgo y tal vez los negocios oscuros”, destacó Florencio Hernández del Ángel, presidente fundador de ese Colegio.
Sin la abyecta complicidad de funcionarios y dependencias gubernamentales, resulta imposible que construcciones realizadas de manera ilegal y fuera de toda normatividad pasaran “misteriosamente” desapercibidas para los nefastos y corruptos inspectores encargados de supervisarlas.
Así es como se originó la bomba en el tristemente Colegio Enrique Rébsamen, o en los edificios nuevos colapsados a los que en no pocos casos alguien se hizo de la vista gorda para dejar que se construyeran con más pisos de los permitidos. Ahí está la criminal corrupción, en hechos tan concretos como la construcción indebida de un helipuerto en el edificio de Nuevo León 238, colonia Hipódromo, en la delegación Cuauhtémoc, cuyo titular es el eficaz Ricardo Monreal.
Por eso hoy resulta patético que los funcionarios aludidos traten de eludir responsabilidades, intercambien culpas y hasta pretendan sacar raja de una desgracia que afecta a miles de familias. No es sino el comportamiento ancestral de la repudiada clase política que en la tragedia resulta un pesado lastre para la sociedad mexicana, harta de los saqueadores de cuello blanco.
“La clase política mexicana ha tenido que salir de su letargo para responder a la exigencia social y ver por el interés público. Ese es su trabajo, es su obligación y responsabilidad”, espetó Ealy Ortiz en su discurso durante la celebración de los 101 años de El Universal. En ello es imposible no coincidir. Sólo agregaríamos que esa referida “casta privilegiada”, la cual vive espléndidamente de nuestros impuestos, intenta tímidamente abandonar el letargo; su mezquindad no le permite hacerlo de manera plena, carece de solidaridad y verdadero amor por México. Nada que extrañe.
Así que los 226 muertos por el terremoto del fatídico martes 19, las más de 20 mil personas que pasan penurias en los albergues y todos aquellos que perdieron su patrimonio no representan, para los políticos y alta burocracia, más que una fría estadística y una oportunidad de lucrar electoralmente en este México de memoria corta, que debiera ajustar las cuentas en las urnas.
Hoy, mientras los partidos políticos simulan querer ayudar en la urgente reconstrucción, la máscara de la desvergüenza y el cinismo aparece cubriendo los rostros de sus dirigentes. Algunos, incluso, han preferido despedir a empleados que prescindir de sus financiamientos. Por lo tanto, nadie les cree una sola palabra, su incongruencia está a flor de piel; también su hilarante protagonismo. Tantos años de engaño los condena irremediablemente al rechazo popular.
Desde luego que la corrupción y rapacidad de los servidores públicos a los que se ha hecho referencia son una rémora para el urgente e impostergable desarrollo de México. En tanto no exista un estado de derecho real donde se aplique sin excepción la ley a funcionarios criminales, permaneceremos como la eterna nación subdesarrollada a causa de una clase política podrida.
Si bien en esta columna establecemos hechos acaecidos en la Ciudad de México, desde luego que otros gobiernos y sus respectivos funcionarios no están exentos de comportamientos deleznables, como en Chiapas, Oaxaca, Morelos y Puebla, entre otras entidades afectadas por los sismos. Existen evidentes omisiones, negligencias y comportamientos electoreros que, ante la adversidad, los gobernadores no pueden disimular, a pesar de la palabrería que en nada ayuda a la población.
@BTU15