«Esto es un desastre mayor. Que a nadie le quepa duda de eso», afirmó este domingo el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, en el cuarto día de desastre tras el paso de María, el mayor huracán que ha azotado la isla desde 1929. El gobierno ha registrado 10 víctimas mortales pero advierte de que hay amplias zonas todavía por acabar de revisar, incluidos nueve municipios incomunicados. Las pérdidas económicas, lejos de cuantificación precisa, serán de miles de millones de dólares, según Jénniffer González, comisionada de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos, del que la isla es Estado Libre Asociado. «Nunca habíamos sufrido una devastación como esta», lamentó González, que explicó que en un recorrido en helicóptero contempló a su país devastado: «No queda ni el verdor».
El 100% de la red eléctrica está arruinada. Descuidado durante años y con una infraestructura el doble de vieja de lo debido —una media de 44 años por central—, el sistema eléctrico ha sido la víctima más aparatosa de María. Rosselló ha afirmado que será necesario reconstruirlo por completo, lo que podría llevar al menos dos años. Mientras tanto se irá parcheando el servicio para devolver la electricidad a las casas, misión que puede tomar semanas o meses en las zonas más vulnerables del país. Sin luz, con un 75% de las casas sin agua corriente y sin señal de teléfono apenas, los tres millones y medio de habitantes de Puerto Rico se desesperan por tener soluciones.
En el Centro de Convenciones de la capital, San Juan (390.000 habitantes), habilitado como centro de comando oficial, Dorleen Sánchez, de 44 años, pedía ayuda para conseguir un tanque de oxígeno para su madre, encamada en su casa. «El que tenemos lo he ido dosificando, bajándole el paso de oxígeno al mínimo, pero se está quedando a cero y mi mamá está empezando a tener a toser mucho», explicó.
Las lluvias torrenciales habían cesado ayer, dejando el país inundado. En algunas zonas el nivel del agua alcanzó 90 centímetros en menos de 24 horas, diez más que las cotas más alta de anegamiento que dejó en agosto el huracán Harvey en Texas. El joven gobernador Rosselló, de 38 años, asegura que los daños materiales que ha causado María son solo comparables a los de Katrina en 2005 en Luisiana.
El punto de mayor emergencia este domingo era la presa del lago Guajataca, un embalse de un siglo fisurado por el tremendo empuje del agua. «No sabemos cuánto va a aguantar», ha reconocido Rosselló. Desde el viernes la Guardia Nacional de Puerto Rico trabaja en la evacuación de 8.000 vecinos que podrían verse afectados. El sábado se logró rescatar una barcaza cargada de petróleo que iba a la deriva contra la costa de la isla. La comisionada afirmó que se evitó «un potencial desastre ecológico». Además de hacer frente a amenazas como estas, las prioridades de las autoridades de momento siguen siendo salvar vidas, garantizar el funcionamiento de los hospitales, dar acceso a combustible a la gente, reabrir las escuelas, que siguen cerradas, y dar techo a quienes perdieron sus casas. Ayer se contaban 15.000 refugiados.
En San Juan, las colas para conseguir gasolina bloqueaban el tráfico, si bien el gobernador ha asegurado que no hay falta de combustible sino problemas de distribución que ayer se empezaban a solventar. Rosselló ha establecido de manera indefinida el toque de queda de siete de la mañana a cinco de la tarde y la ley seca. Estos días se han reportado casos de pillaje. En Lloréns Torres, un barrio pobre de San Juan, fue saqueado un centro comercial. «Mientras cruzaba el huracán, hombres, mujeres, niños y viejos vinieron con su carrito a vaciarlo», dijo el vecino Benito del Cueto, de 83 años. «Iban con el carrito como si fueran de compras».
La comisionada González aseguró ayer que en octubre el Congreso de EE UU abordará la aprobación de fondos específicos para la reconstrucción de Puerto Rico tras el paso del huracán María. La élite del poder político americano ya está en movimiento ante la catástrofe boricua. Este lunes llegará a San Juan el poderoso republicano Marco Rubio, excandidato presidencial, y se espera la pronta visita del presidente Donald Trump.
Con un agujero de 73.000 millones de dólares en deudas a acreedores y 50.000 millones en desprovisión del fondo de pensiones, tutelado por una Junta de Supervisión Fiscal designada por el Congreso de EE UU, Puerto Rico ha recibido el ciclón como la puntilla a su ruina. En la isla se cree que el mal es tan grande que hasta podría traer consigo la solución: un plan extraordinario de rescate estadounidense. Aunque el Congreso –controlado por el Partido Republicano, partidario del control severo del gasto público– se ha mostrado reacio a inyectar capital a Puerto Rico, dar la espalda ahora a un territorio americano con el agua al cuello podría tener costes. El peso electoral de la comunidad boricua en EE UU es cada vez mayor, sobre todo en Florida, un estado clave, y su apoyo será preciado de cara a las presidenciales de 2020.
Ajena a las ecuaciones de poder que se tejen en torno al desastre, una mujer que se identificó solamente como «la señora Rivera», sin nombre de pila, pasaba el rato sentada con su padre en un banco de Lloréns Torres, rodeada de árboles pelados, cenizos y torcidos como tras un bombardeo de napalm. «Esto está siendo muy horrible», dijo, «pero en mi casa tenemos lo esencial: jamoncillo y pan».
Fuente: El País