El frenazo de la actividad económica del día a día en las zonas más afectadas por el sismo registrado el pasado martes —la Ciudad y el Estado de México, Morelos y Puebla— pasará factura al PIB mexicano, al menos en el corto plazo. Sin embargo, su incidencia sobre el crecimiento, la inflación y el déficit será significativamente inferior al que sufrió la capital y, por extensión, el país en su totalidad, en la misma fecha de 1985. Todavía es muy pronto, subrayan todos los analistas consultados, pero ya se pueden ir sacando conclusiones. Y todas ellas son mucho menos negativas de lo que los primeros augurios parecían indicar.
El 19 de septiembre de 1985, el potente terremoto de 8,1 grados tiró abajo 800 edificios y dejó daños estructurales en otros 2.800. Hasta 30.000 viviendas quedaron hechas añicos y 60.000 tuvieron que ser reparadas. La actividad productiva quedó en suspenso durante varios días, con fábricas enteras arrasadas, y se calcula que el PIB cayó entre un 2% y un 2,4%. El seísmo del pasado martes, más de tres décadas después, deja un panorama bien distinto: 40 edificios colapsados en una gran capital, como la Ciudad de México, son muchos y el daño en algunas infraestructuras, como en la carretera que une la capital con Acapulco, no es desdeñable. Pero su afectación sobre la economía real será baja, con efectos “solo en el muy corto plazo”, según Rafael Camarena, analista senior del Banco Santander.
“La destrucción de capital es prácticamente marginal, mucho menor que entonces. No ha habido grandes afectaciones para las empresas, en sus instalaciones. Tampoco sobre los establecimientos comerciales: los afectados han sido pocos y muy localizados”, añade Camarena. “Viendo los números fríos, la emergencia económica es incomparable con la de 1985”. Según los cálculos de otro banco mexicano, Citibanamex, el impacto sobre el PIB se concentrará en el tercer trimestre del año y detraerá cuatro décimas al crecimiento. Sin embargo, sus analistas creen que las actividades de reconstrucción “compensarán por completo este efecto negativo” en el tramo final de 2017 y en los primeros compases de 2018.
La situación de partida también es muy diferente a la de hace 32 años. “En el 85 estábamos en medio de una crisis económica muy importante”, apunta Gabriel Pérez, profesor de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. “Se acababa de nacionalizar la banca y la inversión estaba en niveles muy bajos”. Solo tres años antes, en 1982, el Estado mexicano se había declarado insolvente y la inflación estaba desbocada. Ahora, agrega Pérez, el escenario económico pinta mucho mejor: “La inversión extranjera está creciendo y la disciplina en las finanzas públicas nos permite hacer frente a la reconstrucción. Hay recursos de uso inmediato y eso es muy importante”. Tampoco habrá, dice, grandes presiones inflacionarias: aunque ya antes del sismo los precios al consumidor subían a un ritmo superior al 6% anual, el encarecimiento de los materiales de construcción, subraya el docente de la Universidad Panamericana, no se dejará sentir en el bolsillo de los mexicanos.
A diferencia de lo que ocurrió en 1985, las autoridades tienen dos fondos de contingencia listos: uno federal —de 9.000 millones de pesos (algo más de 500 millones de dólares)— y otro de la propia Ciudad de México —de una cuantía ligeramente superior: 9.500 millones de pesos— listos para afrontar el desastre. Aunque su cuantía no será suficiente para hacer frente a todos los gastos —de ahí la importancia de la ayuda que puedan prestar la sociedad civil, el sector privado y la comunidad internacional en su conjunto— ambos se utilizarán tanto en la primera fase de emergencia humanitaria como en la reconstrucción posterior. A eso se añadirá el denominado bono catastrófico, una suerte de seguro con el Banco Mundial cuyas condiciones México cumplirá con casi total seguridad. Una diferencia más con 1985: entonces, este instrumento tampoco estaba disponible en el menú de herramientas financieras para hacer frente al terremoto.
Fuente: El Financiero