El gobierno de Donald Trump considera reducir a menos de 50.000 el número de refugiados que serán admitidos en el país durante el próximo año, según funcionarios y exfuncionarios gubernamentales que están familiarizados con esas discusiones. De lograrse será la cifra más baja desde 1980.
Durante su campaña de 2016, Trump prometió negarle la entrada a los refugiados que representen una amenaza terrorista. En sus primeros días en el cargo tomó medidas para reducir de manera radical el programa que reubica a refugiados en ciudades y pueblos estadounidenses, e impuso un límite de 50.000 personas admitidas como parte de la orden ejecutiva que prohíbe la entrada a ciudadanos de siete países predominantemente musulmanes. Es menos de la mitad de los 110.000 refugiados que Barack Obama dijo que debían admitirse en 2016.
Sin embargo, en semanas recientes, conforme se acerca la fecha límite para que Trump emita la cuota anual de admisiones de refugiados requerida por la Ley de Refugiados de 1980, algunas personas dentro de la Casa Blanca —encabezadas por Stephen Miller, el asesor político sénior de Trump— han ejercido presión para que el límite sea todavía más bajo.
El tema ha generado un intenso debate dentro del gobierno: Miller y algunos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional citan las preocupaciones en materia de seguridad y los recursos limitados como fundamentos para reducir de forma drástica la cantidad de admisiones, mientras que los funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa se oponen a una reducción vertiginosa.
No se ha tomado una decisión final, según los funcionarios, pero la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que el gobierno niegue la entrada de casi cualquier refugiado, mientras considera las impugnaciones a la orden de prohibición de viaje. La corte escuchará los argumentos en torno al caso el próximo mes.
Portavoces de la Casa Blanca y los departamentos de Seguridad Nacional y de Estado rechazaron hablar de una cifra anual, y señalaron que no se habían finalizado las deliberaciones. Por ley, el presidente debe consultar al congreso y tomar una decisión sobre el límite de refugiados al inicio de cada año fiscal, con fecha del 1 de octubre.
Miller, el principal responsable de las duras políticas de Trump en materia de inmigración, ha insistido en reducir el número de admisiones muy por debajo de las 50.000 estipuladas en la prohibición de viaje y, en algún momento, llegó a proponer la cifra de 15.000, dijeron los funcionarios. Miller, quien fue asistente del fiscal general Jeff Sessions cuando estaba en el senado, se ha adentrado en un proceso de políticas que generalmente es dirigido por el Departamento de Estado con la coordinación del Consejo de Seguridad Nacional.
Este año, el Departamento de Seguridad Nacional está dominando las conversaciones y el Consejo de Política Nacional, que responde a Miller, ha coordinado el proceso. En una reunión reciente en torno al tema en la Casa Blanca, los funcionarios de Seguridad Nacional recomendaron un límite de 40.000, según personas familiarizadas con las discusiones, quienes hablaron con la condición de conservar su anonimato porque las charlas son privadas.
En caso de que Trump prosiga con la reducción de la reubicación de refugiados, sería la segunda vez en cuestión de semanas en que usa su autoridad ejecutiva para disminuir el flujo de inmigrantes. La semana pasada tomó la decisión de acabar, en seis meses, con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), el programa de la era de Obama que otorgaba protección contra la deportación a personas indocumentadas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Sin embargo, hizo un llamado al congreso para promulgar una ley con el fin de abordar el estatus de esos inmigrantes.
Un funcionario sénior de la administración que está involucrado en el debate de los refugiados describió la decisión de frenar las admisiones como parte de un replanteamiento más amplio de cómo lidia Estados Unidos con los migrantes, con base en la idea de que es más efectivo y costeable ayudar a las personas desplazadas al exterior de las fronteras del país que dentro de ellas, dada la acumulación de personas que buscan asilo, así como de otros inmigrantes que ya están en el país con la esperanza de quedarse.
Aun así, el prospecto de reducir las admisiones a menos de 50.000 ha alarmado a personas tanto dentro como fuera del gobierno, debido a la crisis de refugiados que se vive en todo el mundo y la historia de Estados Unidos que se ha caracterizado por tener el liderazgo en cuanto a la aceptación de personas que escapan de la violencia y la persecución.
“Cuando observas algunas de las cifras de las que se está hablando, se vislumbra un programa de niveles verdaderamente insignificantes”, dijo en una entrevista David Miliband, el exsecretario británico de Relaciones Exteriores, quien es presidente del Comité de Rescate Internacional. “No es exagerado decir que está en riesgo la existencia de la reubicación de refugiados como aspecto principal de la historia estadounidense y el papel de Estados Unidos como líder mundial en este aspecto”.
El grupo de Miliband es una de nueve organizaciones —la mayoría de ellas grupos religiosos— que trabajan con el gobierno para reubicar a refugiados en Estados Unidos y que ejercen presión para que se admitan a por lo menos 75.000 refugiados a lo largo del año siguiente.
Mark Krikorian, el director ejecutivo del Center for Immigration Studies, una organización que defiende la reducción de la inmigración, dijo que el programa representa una mala distribución de recursos limitados y que debe reservarse para los casos más extremos.
“No hay justificación moral ni verdadera para reubicar a grandes cantidades de refugiados”, dijo Krikorian, y agregó que reubicar a un refugiado del Medio Oriente en Estados Unidos cuesta doce veces más de lo que estima Naciones Unidas respecto al cuidado de esa persona en la región. “La reubicación de refugiados solo es una manera de hacer que nos sintamos mejor”.
Fuente: NYTimes