La Policía Federal (PF) deberá buscar y dar a conocer el número de sus elementos sancionados por su participación en los hechos violentos registrados en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
A través de un comunicado se informó que al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez, indicó que en hechos como los de Nochixtlán, Oaxaca, el derecho de acceso a la información puede ser un instrumento que permita a los mexicanos defender su derecho a la verdad en casos de violaciones graves a derechos humanos, al recordar que en este caso se acusa al Estado mexicano de hacer uso ilegítimo de la fuerza pública en el marco de protestas sociales.
Dentro de cinco días se cumplirá un año del enfrentamiento que se registró entre elementos de la Policía Federal y de la Policía Estatal de Oaxaca contra disidentes magisteriales. En Nochixtlán se llevaban a cabo movilizaciones y protestas sociales en que elementos policiales usaron armas de fuego contra la población civil, lo cual debe ocurrir cuando sea estrictamente necesario y proporcional a la amenaza existente”, enfatizó.
Salas Suárez recordó que los protocolos de actuación de las policías deben ser transparentes, cuando las autoridades competentes investigan qué sucedió aquel día y las posibles causas de las muertes de ocho personas y de los cientos de heridos.
La Procuraduría General de la República señaló a mediados de mayo de este año que aún mantiene abiertas seis carpetas de investigación dentro de las cuales se involucran a elementos de la Policía Federal y, hasta el momento, sólo ha habido 13 personas detenidas”, indicó.
El comisionado del Inai manifestó que, a pesar de que el caso Nochixtlán cobró notoriedad a nivel internacional, aún hay investigaciones abiertas y la suspicacia en torno a ellas se mantiene.
Para que otros sucesos como éste no ocurran más en nuestro país y que no permanezcan impunes, los mexicanos tenemos derecho a saber la verdad. La información pública que pueda ser conocida debe ser liberada para garantizar este derecho, así como para rendir cuentas de que las autoridades competentes cumplen con sus responsabilidades y que darán garantías de no repetición”, enfatizó.
Fuente: Excélsior