Destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el Gobierno mexicano que, en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.
Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente.
Entre las víctimas documentadas se encuentran desde periodistas como Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, hasta defensores de derechos humanos como Mario Patrón, del Centro Prodh, pasando por impulsores de mecanismos anticorrupción como Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre otros.
Con los nuevos casos, la organización canadiense CitizenLab documentó en total 88 casos de intento de espionaje en México y un representante de la organización internacional aseguró que este es el caso más claro que tienen de espionaje gubernamental.
Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí.
El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto.
La empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y cárteles de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo.
Sin embargo, según decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del Gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.
Al respecto, Carlos Loret de Mola, uno de los presuntos espiados, publicó un video en su cuenta de Twitter, donde señala que el espionaje no es un asunto menor, ni siquiera en el contexto tan violento contra periodistas.
El espionaje no es un asunto menor, ni siquiera en el contexto tan violento contra periodistas. pic.twitter.com/KU3FmNsm6j
— Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) June 19, 2017
Fuente: TNYTimes/Reforma
1 comentario
Lamentablemente aquí en nuestro país la confidencialidad de nuestros documentos oficiales los utiliza el o los gobiernos para espiar a quien quiera, como sucedió con los datos personales de la credencial de elector de todos los Mexicanos, lo obtuvieron no se supo cuantas personas o cuantos grupos los cuales aun tienen nuestros datos.
Las llamadas, vídeos, y otras mañas las utiliza el gobierno o «grupo» para someter a su rival. Si lo analizan es del gobierno a sus opositores.
No nos extrañe lo que publica el NYTimes.