La UNAM quiso inaugurar la era del examen de admisión completamente en línea. El salto parecía inevitable: más de 191 mil aspirantes registrados, 158 mil 712 sustentantes y apenas 21 mil 962 lugares disponibles. Sobre el papel, era una modernización necesaria; en los hechos, terminó como una advertencia.
La señal de alarma apareció de inmediato. En 2025, sólo 9% de los aspirantes superó los 100 aciertos; este año, la proporción brincó a 29%. En Medicina, Actuaría e Ingeniería Aeroespacial surgieron puntajes casi perfectos en cantidades inéditas. Eduardo Backhoff Escudero, doctor en educación, lo planteó en términos simples: o el examen fue más fácil, o los estudiantes fueron más brillantes, o hubo trampa. Las dos primeras explicaciones no resisten demasiado. La tercera se impone por estadística y por sentido común.
La UNAM presumió una inteligencia artificial capaz de vigilarlo todo. La realidad fue menos espectacular: no frenó a miles de tramposos y sí alcanzó a inocentes. La tecnología que debía blindar el proceso terminó por desnudar su improvisación.
El fracaso no fue sólo técnico; fue, sobre todo, institucional. El rector Leonardo Lomelí conocía el riesgo y lo dejó correr. Los resultados se publicaron el 17 de julio, sin auditoría previa. Primero se legitimó el proceso; después se intentó revisarlo. Ese orden no fue un accidente: fue una decisión política, académica y administrativa de alto costo.
El asunto rebasa el escándalo universitario. Si el examen más importante del país puede vulnerarse con IA generativa, suplantación remota y venta de respuestas, el modelo entero queda bajo sospecha. Estados Unidos, Reino Unido y España ya pagaron costos similares al migrar a evaluaciones remotas. La UNAM tuvo advertencias, ejemplos y tiempo. Aun así, apostó todo a su experimento. Al final, no fue la universidad la que evaluó a los aspirantes, fue el examen el que reprobó a la UNAM.