El Banco Mundial estimó que los terremotos registrados en Venezuela dejaron daños económicos por alrededor de 19 mil 500 millones de dólares, cifra que refleja la magnitud del impacto sobre viviendas, infraestructura y actividad productiva en el país sudamericano.
De acuerdo con el organismo, la estimación considera tanto las pérdidas físicas directas como los efectos sobre la economía en el mediano plazo, y se suma a evaluaciones preliminares de agencias de Naciones Unidas que calculan afectaciones equivalentes a cerca de 6% del Producto Interno Bruto venezolano.
Los sismos, descritos por especialistas como un “doblete sísmico” poco común, devastaron amplias zonas urbanas y rurales, provocaron miles de viviendas dañadas o destruidas y dejaron a cientos de miles de personas en situación de emergencia, dependiendo de refugios temporales, agua potable, saneamiento y atención médica.
Ante este escenario, el Banco Mundial sugirió articular una alianza público-privada para financiar la reconstrucción, con el objetivo de sumar recursos del Estado, organismos multilaterales y capital privado en proyectos prioritarios de vivienda, infraestructura básica, transporte y energía.
El esquema planteado apunta a crear mecanismos de gobernanza y supervisión que garanticen el uso transparente de los fondos, así como criterios técnicos para definir etapas y prioridades de inversión, de manera que se acelere la recuperación económica y se reduzcan las brechas sociales que se agravaron tras los terremotos.
En paralelo, Venezuela ha comenzado a gestionar el acceso a recursos de organismos internacionales, incluidos activos en el Fondo Monetario Internacional, para destinar parte de esos montos a la rehabilitación de zonas afectadas y al apoyo directo a las familias damnificadas.
Analistas advierten que el costo final de la reconstrucción podría ubicarse por encima de las estimaciones iniciales, debido a la necesidad de reemplazar infraestructura estratégica, recuperar servicios públicos y acompañar a las comunidades en procesos de reactivación económica y social de largo plazo.
En este contexto, la recomendación de una alianza público-privada busca asegurar recursos suficientes y sostenidos en el tiempo, en un país que ya arrastraba una profunda crisis económica y requiere apoyo internacional para enfrentar las consecuencias de los terremotos.