Daniel Ortega lo dijo el domingo: “En Nicaragua no volverá a haber elecciones”. No fue un exabrupto. Fue una declaración autoritaria.
En el 47º aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que derrocó al dictador Anastasio Somoza, el heredero de aquella revuelta clausuró la urna. Prometió, además, “poner un muro” con el Parlamento que controla. La frase completa la confesión: no teme perder el voto; teme que exista. Quien anuncia el cierre de las elecciones clausura la democracia.
Rosario Murillo, la que más manda, y Daniel Ortega, el que mejor obedece, abandonaron la apariencia del consentimiento popular. La dictadura ya no necesita simular competencia: encarceló, desterró, inhabilitó y ahora pretende convertir la ausencia de elecciones en doctrina de Estado. El anuncio no modifica una realidad que Nicaragua conoce desde hace años, pero sí la desnuda sin pudor. La revolución que alguna vez prometió liberar terminó prohibiendo las elecciones.
El secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, habló de cobardía y de temor a la voluntad del pueblo. Pidió a la comunidad internacional no quedarse “de brazos cruzados”. En junio ya había calificado a la pareja Murillo-Ortega como enemiga de la humanidad. El lenguaje escaló. Washington nombra la dictadura, pero no la aísla. La condena sube de tono cada trimestre; el régimen sube la crueldad cada semana. Entre la advertencia y la sanción hay una distancia que Ortega ya midió. Sabe lo poco que pesa una carta del Departamento de Estado sin decreto que la acompañe.
América Latina, que transitó del cuartel a la urna, mira a Managua echar para atrás el reloj. Cuba construyó el modelo. Venezuela lo replicó. Nicaragua lo firma. El continente ya no. discute si hay tres.