Morena no respeta la ley electoral: le da la vuelta, la disfraza y la usa a su entera conveniencia. Al adelantar seis meses el destape de quienes competirán por las gubernaturas, no presenta formalmente candidatos; los llama “Coordinadoras y Coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”.
Pero la función es la misma: recorren sus estados, se promocionan, construyen estructura y buscan posicionarse antes que los demás. La simulación sustituye a la legalidad, y la ley queda reducida a papel mojado.
La operación tiene un propósito claro: obtener una ventaja anticipada. Es un fraude a la ley porque respeta la forma mientras viola el fondo. Sin discutir una reforma y sin pagar el costo político de cambiar las reglas, el partido en el poder deroga de facto la legislación electoral.
Así, compite durante meses con ventaja mientras la oposición permanece atada al calendario oficial. La contienda deja de ser pareja cuando uno de los jugadores arranca antes y el árbitro finge no verlo.
El INE y el Tribunal Electoral guardan un silencio que favorece al poder. No investigan, no previenen y no sancionan. Callan, y ese silencio otorga. Un árbitro que tolera la trampa deja de ser árbitro: abandona el mecanismo que debía vigilar y se convierte en cómplice de la simulación.
Si las leyes sólo obligan a la oposición y no al poder, entonces ya no hay equidad electoral. Hay una democracia de utilería, avalada por un árbitro vendido.