Dos terremotos sacudieron Venezuela y expusieron algo más que una emergencia natural: la fragilidad de un Estado con dificultades para prevenir, responder y generar confianza.
De acuerdo con reportes preliminares, bajo los escombros se han encontrado casi mil cuerpos. El Servicio Geológico de Estados Unidos advierte que esa cifra podría aumentar. Hay además de miles de heridos y según el jefe de Ayuda Humanitaria de la ONU habría 50 mil desaparecidos.
Las imágenes satelitales apuntan a una explicación que las autoridades apenas empiezan a reconocer: edificaciones levantadas durante años sin normas suficientes, sin inspección efectiva y sin responsables claros. Caracas y La Guaira enfrentan hoy el costo de esa omisión.
La respuesta social ha sido inmediata. Vecinos, voluntarios y comunidades se organizan donde la autoridad tarda en llegar. Cuando la población actúa antes que el Estado, la confianza institucional queda en entredicho. Venezuela vuelve a confirmar una lección conocida en México tras sus propios desastres: la prevención es una decisión política, no un asunto de suerte.
Venezuela necesita ayuda internacional inmediata y, después, una reconstrucción que no se limite al cemento. Reconstruir también exige confianza pública, coordinación técnica y rendición de cuentas. La crisis coloca al gobierno ante una prueba concreta: no basta con registrar víctimas; debe demostrar capacidad para salvar vidas y prevenir la siguiente tragedia.
El desastre exhibe la debilidad del sistema, pero también abre una oportunidad para actuar con transparencia y cooperación. Las autoridades venezolanas deben permitir que llegue la ayuda internacional, sin robarse el duelo, ni convertir la emergencia en propaganda.