El diputado del Partido del Trabajo, Ricardo Sóstenes Mejía, presentó una demanda de juicio político en contra del gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas y el fiscal general del estado de Coahuila Federico Fernández “por violaciones graves a la constitución política de la república, a la constitución política del estado”.
Mejía afirmó en entrevista con medios de comunicación, “que hay violaciones graves a los derechos humanos de los coahuilenses, por alterar el proceso democrático y la celebración de elecciones libres y auténticas el pasado 7 de junio en Coahuila en la elección de diputados locales”.
“Entre otros hechos que describimos en la demanda de juicio político, el gobernador instruyó a la policía del estado para que reprimiera, secuestrara, golpeara y torturara a candidatos, dirigentes y operadores de Morena y del Partido del Trabajo”, aseguró.
El diputado Mejía subrayó que “estos hechos sucedieron antes, durante y posteriormente a la jornada electoral de Coahuila y todavía después de todos estos hechos el propio gobernador se jactó de que en Coahuila cualquier policía puede detener e intimidar a cualquier ciudadano violando la libertad de tránsito”.
“Varias compañeras y compañeros legisladores federales de esta legislatura han descrito cómo fueron privados de su libertad, cómo fueron pues maltratados por estos elementos de la policía estatal, que es la policía política de Manolo Jiménez”, apuntó.
El petista Ricardo Sostenes Mejía destacó que “todos los programas sociales se siguieron repartiendo indiscriminadamente, violando la equidad en la contienda, el 134 constitucional”.
“También fue un hecho notorio que todo el gobierno del estado, servidores públicos con rangos de subsecretarios de gobierno y funcionarios, estuvieron en los conteos de los votos, estuvieron intimidando el día de la jornada electoral y lo que les puedo decir es que no hubo elecciones libres y auténticas en Coahuila”, expresó.
Mejía explicó que “el voto se compró a través de códigos QR, miren, por ejemplo, aquí, hay un código QR, esta es la QR dictadura de Coahuila, o sea, las elecciones eran un mercado de compraventa donde con el código QR entre 500, 600 y hasta mil pesos se estuvieron comprando votos”.
“¿Por qué el juicio político frente a todo esto que pudiera decirse que es un tema electoral?”, se preguntó para responderse: porque cuando ciudadanos iban, denunciaban los hechos y se constituían afuera de los domicilios donde estaban haciendo estos operativos, en ese momento llegaba la policía estatal a reprimirlos, a golpearlos, a secuestrarlos, para que el PRI siguiera haciendo de las suyas.
Esto permitió el más grave fraude electoral en la historia de Coahuila, miren ustedes este fue el código QR y aquí todavía en los conteos se pudieron apreciar muchas boletas con el código QR pegado a la boleta, entonces fue todo un mecanismo de compra de voto, pero lo más grave de todo esto es que el propio gobernador y el fiscal general del estado Federico Fernández dieron rienda suelta a su policía estatal para que golpeara y amedrentara a ciudadanos.