¿Hasta dónde llega el poder de la Suprema Corte de Justicia cuando fija una multa de 269 mil pesos a cada diputado que no vote a favor de la igualdad de género, en Puebla, y a favor de despenalizar el aborto hasta las doce semanas de gestación, en Yucatán?
La Corte no solicita. Extorsiona. Le pone tarifa al voto de conciencia. El tribunal que jura defender la Constitución la pisa. Dicta el sentido del sufragio. Cobra el desacato. El guardián se volvió capataz y la toga, un látigo.
Ahí está el fondo. La Corte ordena reformar dos Constituciones locales. Jamás le ha tocado hacerlo. Deliberar, votar, disentir y reformar es facultad exclusiva del Poder Legislativo. La Corte la usurpa.
Cambia el debate por la amenaza. Cambia la representación por la cuota. Un diputado bajo multa no decide. Se arrodilla. Y un Congreso que acata al juez deja de ser Congreso: se convierte en notaría del poder.
El tema de fondo —género, aborto— es lo de menos. El método lo arrasa todo. Cuando el voto se compra con miedo, la ley nace muerta.
La Corte ejerce coacción. Es una forma de golpe de Estado. La Corte mide su fuerza por el terror que siembra. Hoy es igualdad y aborto. Mañana es lo que ordene Palacio Nacional.
El tribunal ya no interpreta: obedece arriba y castiga abajo. El precedente queda escrito con sangre institucional. Quien multa al legislador gobierna en su lugar.
Quien gobierna sin urnas las desprecia. La Corte defiende la Constitución. No la redacta. No la subasta. No la impone. Son tres poderes. No uno con toga.