México abre el Mundial este 11 de junio. Ese mismo día, la CNTE y colectivos afines convocan una megamarcha. No es coincidencia sino apuesta calculada para convertir el balón en rehén político y usar la audiencia global como instrumento de presión para doblar al gobierno.
La CNTE apunta al aeropuerto y al estadio. Su estrategia ya no consiste solo en exigir atención: consiste en escalar el conflicto hasta hacerlo imposible de ignorar. Una demanda se atiende en la mesa de diálogo; una amenaza a la movilidad, a la seguridad y a la imagen del país exige autoridad.
Aquí aparece el contraste que el discurso oficialista suele evitar. No estamos en 1968. Hace 58 años, los estudiantes marcharon sin que la violencia proviniera de ellos. La represión salió del gobierno de Díaz Ordaz y terminó en la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre.
Hoy el guion es distinto. Quien bloquea calles y amenaza sedes no es el estudiante desarmado, sino una organización que conoce el valor político del caos visible. Y el gobierno que se dice heredero del 68 no desaloja, no negocia con eficacia y no fija límites claros.
Sheinbaum sostiene que la inauguración está garantizada. Pero garantizar un evento no es gobernar: gobernar es impedir que la extorsión política marque la agenda nacional.