La Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), en un fallo que el mandatario calificó de «ridículo», «terrible» y una «vergüenza». El tribunal determinó que la aplicación de esas tarifas excedía las facultades del Ejecutivo, lo que representó un golpe directo a la política comercial de la administración Trump.
En respuesta al revés judicial, Trump anunció de inmediato la firma de una orden ejecutiva para imponer un arancel general del 10% sobre todas las importaciones, esta vez amparado en la Sección 122 del derecho comercial, que permite al presidente aplicar tarifas temporales sin aprobación del Congreso por un periodo de hasta cinco meses. El mandatario advirtió además que dispone de métodos «más fuertes» para proteger la economía nacional y que tiene potestad para «cortar el comercio con un país» si lo considera necesario.
Trump aseguró que el fallo de la Corte Suprema limita la capacidad del gobierno para regular los impuestos de manera «más poderosa, más clara y más potente», y acusó al tribunal de estar influido por «intereses extranjeros». El presidente subrayó que los aranceles de seguridad nacional bajo el Artículo 301 seguirán vigentes y que los ingresos por gravámenes aumentarán con la nueva tarifa del 10%, reiterando que ningún otro mandatario ha hecho tanto para proteger a su país.
La decisión judicial y la respuesta de Trump generan incertidumbre en los mercados internacionales y reabren el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia comercial. El nuevo arancel del 10% afectará a todos los países exportadores hacia Estados Unidos mientras el gobierno busca alternativas legales para sostener su agenda proteccionista, en medio de tensiones con socios comerciales y cuestionamientos sobre el impacto en la economía estadounidense y global.