La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los aranceles globales impulsados por el presidente Donald Trump bajo una ley de poderes de emergencia son ilegales, en lo que representa uno de los reveses más significativos para su agenda económica.
Con una votación de 6-3, el máximo tribunal invalidó los llamados aranceles “recíprocos” que la administración impuso a la mayoría de los países, al concluir que la legislación invocada —una norma de 1977 que permite al Ejecutivo regular importaciones en situaciones de emergencia— no autoriza de manera explícita la imposición generalizada de impuestos a las importaciones.
El fallo marca el primer gran tema de la agenda de Trump que llega directamente ante la Corte Suprema, institución que durante su primer mandato quedó configurada con tres nombramientos conservadores promovidos por él mismo. Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh votaron en contra de la decisión mayoritaria.
Aunque la resolución anula los aranceles aplicados bajo esa ley específica, el tribunal dejó abierta la posibilidad de que el presidente pueda recurrir a otras disposiciones legales para imponer gravámenes comerciales, aunque estas contemplan mayores restricciones en procedimiento y alcance.
La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la facultad de imponer aranceles. Sin embargo, la Casa Blanca sostuvo que la ley de poderes de emergencia permitía actuar ante lo que consideró una emergencia nacional derivada de déficits comerciales y otros factores. Trump fue el primer presidente en utilizar esa norma para aplicar impuestos amplios a las importaciones.
Los aranceles, establecidos inicialmente en abril de 2025 y ampliados posteriormente, generaron múltiples demandas por parte de estados gobernados por demócratas y de pequeñas y medianas empresas que alegaron afectaciones económicas directas. Diversos análisis estiman que el impacto de estas medidas podría alcanzar 3 billones de dólares en la próxima década.
Hasta diciembre, el Departamento del Tesoro había recaudado más de 133 mil millones de dólares por concepto de estos gravámenes. Tras la resolución judicial, varias compañías —incluida la cadena Costco— han iniciado procesos para reclamar reembolsos.
Encuestas recientes indican que la política arancelaria no cuenta con amplio respaldo ciudadano, en un contexto marcado por preocupaciones sobre el costo de vida y la inflación.