La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú dictó una condena de 11 años, 11 meses y 15 días de prisión contra el expresidente Pedro Castillo por el delito de conspiración para la rebelión, derivado del intento de autogolpe del 7 de diciembre de 2022. Además, se le impuso una inhabilitación de dos años para ejercer cargos públicos.
En la misma resolución, el tribunal adelantó que la ex primera ministra Betssy Chávez, así como el exministro del Interior Willy Huerta y el exasesor Aníbal Torres, recibirán penas idénticas por su participación en el plan para atentar contra el orden constitucional. La Sala sostuvo que los acusados acordaron y se organizaron para materializar el mensaje a la Nación en el que Castillo anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.
Los jueces consideraron probado que Castillo intentó llegar a la Embajada de México tras ser destituido por “incapacidad moral” y que fue detenido en flagrancia. También señalaron que Chávez habría ordenado el uso del vehículo oficial hacia la sede diplomática y facilitó el ingreso irregular de periodistas de TV Perú para transmitir el mensaje presidencial.
El tribunal concluyó que la conducta se encuadra en conspiración para la rebelión, al no haberse concretado un alzamiento armado, y absolvió a Castillo del cargo de grave perturbación a la tranquilidad pública. Asimismo, decidió absolver al general Manuel Lozada Morales por duda razonable, al no acreditarse que impidiera el ingreso de legisladores al Congreso.
Aunque el colegiado adelantó la tipificación y las penas, el proceso continuará con la notificación íntegra de la sentencia y las eventuales apelaciones ante instancias superiores. En el caso de Huerta y Torres, la Sala indicó que la ejecución de la pena podría suspenderse provisionalmente si presentan los recursos correspondientes.