José Buendía

El “tiempo de mujeres” detuvo su reloj en el Congreso con la decisión de la mayoría de desechar el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Ni los llamados a las mujeres de todos los partidos ni divisiones en la coalición morenista pudieron romper el “pacto de los caballeros” para dictar impunidad al ídolo del futbol mexicano y diputado de Morena.

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Lo visto en el pleno de San Lázaro más bien habla de la resistencia del tiempo del “pacto patriarcal”, como reclaman las feministas a la “vanguardia” política de la Cámara, a pesar del discurso sobre la paridad y, sobre todo, del lugar que ocupan en el “dulce porvenir” de forjar un nuevo régimen. Su órgano de gobierno está dominado por hombres de los partidos mayoritarios —sólo hay una mujer en el ostión del poder de la Junta de Coordinación—, donde optaron por el mal mayor de la decepción colectiva frente al bien menor de preservar su régimen de complicidades; en este caso, el quid pro quo de salvar al Cuau por el líder priista Alito Moreno, al que también han solicitado desaforar.

Pero las malas decisiones de la ética política dejan excoriaciones en proyectos colectivos, aunque se traten de justificar en una cuestionable “verdad” jurídica que sirve al acomodo de la ley para encubrir actuaciones públicamente ignominiosas; aunque no lo consiguieran. Pero es llamativo que, a pesar de la indignación general, no haya sorprendido el acuerdo de Morena, PRI y Verde para proteger al Cuau de una rebelión de mujeres que amenazaba con sumar a las de todos los partidos para alcanzar la mayoría de 251 votos que detuviese la cuauhtemiña de las jugadas de la exestrella de la cancha antes del Congreso y una larga lista de escándalos de corrupción.

El dictamen de la comisión desechaba el desafuero por denuncias de abuso sexual de la media hermana del futbolista con la estratagema de las inconsistencias jurídicas; atribuidas al solicitante, señalado por corrupción y encubrimiento de un feminicidio, el exfiscal Uriel Carmona, enfrentado con Blanco durante su gobierno en Morelos. Pero el mal trabajo de la Fiscalía es un argumento esquivo porque toma la parte del desafuero por el todo del proceso, cuando el único fin era quitar esa protección a un hombre poderoso para juzgarlo como el resto de los mortales; y cuando, además, están las denuncias públicas de la víctima, que se invisibilizan detrás del desafuero. ¿Por qué pagar este precio o qué le deben?

Ni siquiera lo estaban condenando. El interés por mantener el pacto protector y alejarlo de la justicia fue tan evidente, que el coordinador morenista, Ricardo Monreal, tuvo que ofrecer que se presentará “voluntariamente” a los tribunales de Morelos; lo que secundó el presunto agresor al hacer uso de la tribuna fuera del protocolo para defender su inocencia, aunque sin renunciar al fuero y rodeado de correligionarias que lo arropaban con un insólito “ no estás solo”, como si se tratara de una víctima ante la mirada atenta de los patriarcas de la Cámara. A los que tampoco detuvo la división interna y ácidas críticas por la incoherencia de sostener un discurso y seguir las mismas viejas prácticas.

La salida al escándalo que tampoco se sostiene es alegar el sabido mal funcionamiento de las fiscalías locales para substanciar el caso, dado que allegarse de información es trabajo de la comisión instructora. Menos aún hacer recaer toda la responsabilidad en ellas y, al mismo tiempo, volverles a aventar la revisión del caso para presentar otro juicio de desafuero, como pidió la presidenta Sheinbaum a la nueva Fiscalía de Morelos.

Confiar en que cualquier episodio de indignación pública puede ser salvable es no tomar en cuenta las consecuencias que dejan heridas entre todas las legisladoras que veían esto como otro paso histórico y, sobre todo, la validación del compromiso con la promesa de que “llegamos todas” también hacia las víctimas. Por ello, el control de daños tiene que pasar por recuperar la confianza con verdaderos cambios, como acabar con el régimen de fueros.

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