Carlos Urdiales
Sobre la marcha
Inconvenientes para las narrativas oficiales, no importa quién esté en el poder, las tragedias de violencia, impunidad y crimen organizado que comenzaron a crecer a partir de 2006, continúan combatiéndose con política y populismo.
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En tiempos de la guerra sucia, el autoritarismo revolucionario, las atrocidades básicamente se silenciaban. Ante valientes excepciones, la receta incrementaba la dosis, más censura y violencia de Estado.
La democracia permeó y el control político dejó de ser unipersonal, se regionalizó, tanto geográfica como fácticamente. Entonces, las políticas públicas tuvieron que enfrentar la realidad, al inicio del nuevo siglo se multiplicaron las zonas dónde el Imperio era el de la ilegalidad y sus cada vez más inhumanas consecuencias.
Ejecuciones, colgados, mantas, retenes, desapariciones, masacres, levantones, extorsiones, derechos metaconstitucionales, autoridades corrompidas en todos los poderes y en todos los niveles. De ida y vuelta, la guerra entre el Estado y los matarifes incubó una brutal arquitectura legal e institucional.
Leyes para atender la desaparición forzada, comisiones ejecutivas para encontrar a los ausentes, normas para equiparar el levantón con el secuestro, para calificar la muerte sin cuerpo como algo posible de investigar, aunque las más de las veces no implique castigo.
Acomodar burocracias para abrir más ventanillas que combatan la barbarie del crimen corporativo nos lleva por caminos llenos de demagogia y colusión oficial con quienes mandan, en cada vez, más territorios y actividades.
Este lunes, la Consejera Jurídica de la Presidencia, la exfiscal de la Ciudad de México, anunció con tropiezos narrativos, las acciones e iniciativas legales con las que el gobierno de Claudia Sheinbaum piensa fortalecer la demanda ciudadana por el regreso de un Estado de Derecho, a cuya ausencia ya nos resignamos. Lo cual es tremendo.
Que si la Clave Única de Registro de Población (CURP), que si el INE, los servicios forenses, las bases de datos, los censos del INEGI y hasta los servidores de la Nación -o de Morena-, cruzarán información y registros biomédicos para atajar el falso debate que el propio poder ha generado respecto a lo fidedigno del fúnebre conteo.
Ahora vamos por una Plataforma única de identidad. Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio pormenores de la captura de “El Lastra”, presunto capataz del rancho, de no-exterminio, en Teuchitlán, Jalisco.
La estrategia gubernamental, que se deduce de los anuncios y las presencias en la Mañanera del pueblo, es que además de operativos policiacos más efectivos y menos cosméticos, continúa la necesidad política presidencial de anunciar acciones dirigidas al Congreso de la Unión.
La presión social existe a pesar de no trasladarse a las urnas. Las angustias de los agentes económicos crecen aunque prefieran la foto y el aplauso.
Nuevas o viejas normas jurídicas difícilmente van a cambiar el saldo de esta confrontación entre la civilidad y la rentabilidad criminal, pero toca imaginar que con más detenciones e intervenciones a los flujos de dinero, algo hemos de ganar.
Periodista, director de Emisoras Habladas en Radiópolis.