José Buendía

 

La barbarie de campos de exterminio del narco orilla cada vez más a México a la encrucijada de ir a fondo contra los cárteles o encontrarse con mayores amenazas políticas de injerencia exterior con el pretexto de combatirlos.

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El apuro se estrecha con la justificación “legal” que se da EU con su designación como terroristas, aunque el gobierno refuerce con leyes nacionales la defensa de la soberanía. Es clara la definición de soberanía como poder supremo de un Estado para autogobernarse y tomar decisiones sin interferencias externas.

Pero es mucho más complejo ejercerla cuando hay declaraciones de peligro a la seguridad nacional de terceros países, como arguye EU para imponer la “guerra” contra las drogas en su cruzada antiterrorista global. No obstante que, incluso, sus exigencias puedan servir a Sheinbaum para alegar el giro de su política de seguridad respecto a la de “abrazos, no balazos” de López Obrador.

La prioridad de Trump contra el fentanilo y su denuncia de gobernanza criminal en México lo acerca a esa disyuntiva, cada vez más difícil de evadir cuando se descubren campos de exterminio en Jalisco de evidente conocimiento de autoridades locales desde hace tiempo. Por eso el país necesitará más que una reforma legal, como la aprobada en el Congreso, para reforzar la soberanía; e internas por reducir su poder en el territorio. ¿Cómo inocular los riesgos de injerencia al mismo tiempo que frenar la violencia de los cárteles o su infiltración en la política? ¿Puede hacerse sin limpiar las instituciones?

La reacción inmediata del gobierno de Sheinbaum de atraer el caso de Teuchitlán refleja esta preocupación, a diferencia de la indolencia de otras veces hacia los desaparecidos o el trabajo de las madres buscadoras.

Algunos podrán pensar que el fiscal Gertz no reparó en esta ocasión en calificar el descubrimiento del campo de exterminio de “muy crítico y grave” por ocurrir en un estado opositor, pero no hay que olvidar que es epicentro de uno de los cárteles declarados terroristas y con presencia en casi todo el país.

Precisamente, el alegato contra la violencia terrorista se sostiene en que desestabiliza gobiernos legítimos y destroza miles de vidas, como las que enlutan al país por la conmoción de la sucursal del infierno en Jalisco.

La violencia de los cárteles no es nueva, pero el crematorio clandestino es un tema crítico por asociar la imagen del país con delitos de lesa humanidad, como los de campos de concentración de la II Guerra Mundial; y por exponer la infiltración del crimen entre las autoridades en escenas tan simbólicas de cientos de zapatos y huesos de otros tantos ausentes que también hablaron a través de sus prendas en Auschwitz. El cuestionamiento del fiscal Gertz sobre el increíble desconocimiento de las autoridades locales sobre Teuchitlán es un paso atrás de las complicidades que han dado cobertura a sitios así en Tamaulipas o Veracruz ampliamente denunciados, como aquí, por grupos civiles. Precisamente, el caso es de enorme gravedad por señalarse desde la FGR confabulación y/u omisión de autoridades en el crimen.

Teuchitlán deja vulnerable al país ante la presión exterior y cuestionamientos al gobierno para preservar su soberanía. Y, hacia adentro, devuelve al primer plano un horror de violencia e inseguridad de larga data, mientras se pertrecha contra ataques comerciales y riesgos de intervención. Aunque, como decía el escritor japonés Yasunari Kawabata, “cualquier clase de inhumanidad se convierte, con el tiempo, en humana”, y eso aplica a nosotros.

El Congreso aprobó esta semana una iniciativa constitucional de Sheinbaum para reformar el artículo 40 contra todo tipo de intervención extranjera y el 19 para aumentar penas y perseguir de oficio a quien comercialice ilegalmente armas en México. Pero el país no tiene mucho tiempo para resolver la encrucijada con algo más que una reforma legal.

El tema es delicado. Morena ha agitado el temor a una revuelta social ante el intervencionismo, mientras que EU no reduce la presión con amenazas de sanciones comerciales o la persecución directa a cárteles. Incluso en su última advertencia sobre México como “narcoestado”, el vicepresidente estadunidense, JD Vance, deslizó la semana pasada en la frontera que los mexicanos agradecerían una intervención contra los cárteles. La declaración abona a las ideas de que el problema de la seguridad y la violencia en el país se debe también a la falta de control de las autoridades, aunque, paradójicamente, disminuya la tasa de homicidios.