No fue una asamblea informativa para dar a conocer qué hará el gobierno de México en caso de que Trump siga trayendo al país de mes en mes temblando por una posible imposición de aranceles y quién sabe qué otra represalia. Tampoco lo fue para convocar a la unidad nacional. Nadie se ha pronunciado en favor de los aranceles: ni la oposición, ni los empresarios, ni la sociedad civil, ni los expertos. En términos de discrepancia a lo más que se ha llegado es a cuestionar la legalidad de la entrega de los 29 presuntos delincuentes y a decir que Canadá entregó menos que México y recibió el mismo trato.

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Al contrario. Ha habido un rechazo unánime a la errática política de Trump en el ámbito comercial y en muchas otras áreas.

La del domingo fue una asamblea para exaltar la figura presidencial, mostrar la fuerza movilizadora, ofrecer cifras cuestionables sobre el desempeño económico, la migración y la inseguridad. Un acto de afirmación del poder ejecutivo.

Un acto para festinar lo que la 4T denomina un triunfo de la democracia pero que la mayoría de los analistas y especialistas, nacionales y extranjeros, consideran el mayor golpe a la misma: la reforma judicial. Con ella la desaparición de la división de poderes y cualquier viso de contrapeso, salvo el externo. Precisamente el de Estados Unidos.

Salvo milagro en contrario, el 1° de junio se llevarán a cabo las elecciones más absurdas, más cuestionadas y disparejas, y menos equitativas y confiables de las que tenemos registro.

 Ya se han vertido todos los argumentos en contra de la pretendida democratización del Poder Judicial, que es en realidad su cooptación. También se han documentado los embrollos y fraudes cometidos mucho tiempo antes de la jornada electoral. Desde la elaboración de las listas de candidatos, hasta los sorteos; desde la geografía electoral hasta la instalación de casillas; desde los escrutadores de las boletas hasta la secrecía en los resultados.

Uno de los muchos ejemplos lo dice todo. Tan sólo a nivel federal, en 2025 se elegirán 854 cargos con un total máximo de 5,172 candidatos. De estos, según la propia consejera del INE Dania Ravel, 4,224 u 82% registros presentaron faltantes de información clave como por ejemplo el cargo por el que querían competir o sus datos de contacto.

Todo en la opacidad. Todo orquestado por el poder ejecutivo en connivencia con el que alguna vez fue un instituto electoral autónomo.

Ahora, podemos agregar nueva luz sobre la pretendida legitimación en las urnas de las personas juzgadoras.

Un estudio reciente elaborado por Catalina Pérez Correa y Carlos de la Rosa (Qué Pensamos Sobre la Justicia), arroja resultados inquietantes.  Del 71% de la población que dice conocer la división de poderes, 55% afirma que hay una jerarquía entre ellos. El 60% cree que los jueces de la Suprema Corte deberían obedecer al presidente.

El 65% cree que las fiscalías forman parte del poder judicial. 35% cree que los jueces investigan delitos, 44% piensa que reciben denuncias y 55% cree que persiguen delincuentes. Como bien afirma José Mario de la Garza, los ciudadanos confunden jueces con policías y fiscales.

Peor aún. Hay un desconocimiento absoluto de los tribunales. Sólo 9% pudo mencionar espontáneamente un tribunal de circuito o un juzgado de distrito. La mayoría ni sabe que existen. Solo 5% ha tenido contacto con un juez federal en su vida. La mayoría nunca ha pisado un tribunal ni visto cómo funciona un juicio.

La falta de cultura judicial no es un dato nuevo.

Pero aprovecharla para vender una reforma que hace retroceder la democracia y acabar con su autonomía sí lo es.

Hay que reconocer de nuevo la fuerza del discurso presidencial de hoy y de ayer. Logró posicionar la idea de que el poder judicial está podrido y rebosa corrupción y que para corregirlo hacen falta jueces y magistrados guindas. Curioso que incluso se utilizó más de un estudio de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad para “probar” el nepotismo en el Poder Judicial, pero no se tomó ninguna de nuestras propuestas. Tampoco se dice nada sobre todo el nepotismo que seguirá sin ser tocado por su reforma constitucional.

El caso es que 50% apoya una reforma judicial que no entiende en absoluto. Que no sabe que es indispensable para limitar al poder ejecutivo, para ser un contrapeso y para dar certeza sobre lo que se vale y lo que no se vale.