Nadie puede escatimar al gobierno de AMLO, y ahora al de Claudia Sheinbaum, que entre sus prioridades estuvo y está la mejora de condiciones laborales, en particular del salario mínimo. En el sexenio pasado se incrementó en 100% en términos reales. En el primer trimestre de 2024 la pobreza laboral disminuyó en 2% o 3.2 millones de personas.

Sheinbaum se ha comprometido a buscar aumentos anuales del salario mínimo de alrededor del 12 por ciento y a aumentarlo gradualmente para que represente 2.5 canastas básicas, frente a las 1.6 actuales.

Estos aumentos no causaron la inflación que algunos analistas y empresarios habían previsto, pero sin duda presionarán todavía más las finanzas públicas que ya están muy apretadas por el aumento en el monto de programas sociales y por los recursos destinados a las muy desatinadas obras de infraestructura que, según el presupuesto de 2025, seguirán por el mismo rumbo trazado por López Obrador.

Adicionalmente, con el apoyo de todas las bancadas parlamentarias, se aprobó una iniciativa de reforma en la que la fijación y/o revisión anual de los salarios mínimos, nunca debe estar por debajo del índice nacional de precios al consumidor (INPC) vigente durante el año transcurrido.

Ante la negativa de llevar a cabo una reforma fiscal y la farsa que resultó ser la austeridad republicana, López Obrador recurrió a arrasar con cuanto fondo y fideicomiso se encontró. Por dar un ejemplo, en 2018 Peña Nieto dejó a su sucesor 361 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Estos recursos deben usarse para reducir los efectos adversos en las finanzas públicas cuando los ingresos disminuyen por una baja recaudación o por caídas en los precios petroleros. Este “guardadito” disminuyó al cierre de 2024 a sólo 50 mil millones.

Tenemos 86% menos de lo que le dejaron al gobierno anterior.

A Sheinbaum no le dejaron finanzas públicas holgadas, pero sí muchos compromisos. La recaudación no alcanza para cubrirlos y la situación parece desesperada. ¿De dónde sacar el dinero? Una pequeña parte la encontraron en los fideicomisos del poder judicial que serán disueltos y pasarán a manos del gobierno, que les darán alrededor de 15 mil millones. Pero no alcanzan ni de lejos.

Se ideó entonces una solución de último momento que parece truncar la política progresista de los gobiernos de la 4T respecto a la clase trabajadora.

Resulta que, con una iniciativa que nadie vio venir, el viernes pasado el Senado aprobó en fast track una reforma que le permitirá al gobierno controlar los 2.4 billones de pesos del Infonavit.

El viernes 13 el Senado dio un albazo y aprobó la iniciativa con la aplanadora morenista. Todo indica que, al menos en este periodo ordinario, no será aprobada por la Cámara de Diputados ante el pleito entre los hombres fuertes del Congreso: Monreal y Adán Augusto López.

Pero más allá del pleito, lo que preocupa es lo que se avecina.

Ya en octubre pasado, Sheinbaum había anunciado la creación de una nueva empresa estatal de construcción de vivienda a cargo de Infonavit. Ahora completa la pinza cambiando el marco jurídico de la institución para darle control al Poder Ejecutivo sobre el destino de sus recursos. Sí, de 2.4 billones de pesos. El cambio consiste no sólo en autorizar al Infonavit a construir vivienda a través de una empresa gubernamental creada exprofeso sino hacerlo con los dados cargados en favor del ejecutivo a través del cambio a la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El gobierno como constructor y contratista, con arcas llenas para usar discrecionalmente y sin rendición de cuentas, es la receta perfecta para la corrupción.

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Si bien la nueva ley mantiene a la Asamblea General del Infonavit como una institución tripartita (trabajadores, empresarios y gobierno), da derecho de veto a su director y rompe la proporcionalidad en las Comisiones de Vigilancia, de Transparencia y de Auditoría, que son las encargadas de vigilar el uso de los recursos. Ahora los representantes gubernamentales tendrán mayoría de 60% contra 40% de trabajadores y empresarios que son los que han aportado los recursos a Infonavit. Igualmente, se cambiaron diversas normas para que el Infonavit deje de responder a la regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

No sé por qué me sigue sorprendiendo este tipo de decisiones si en los últimos años la tendencia ha sido hacia la discrecionalidad, la opacidad y la nula rendición de cuentas. Pero, en este caso es peor porque la discrecionalidad es sobre fondos los ahorros de los trabajadores. No se nos olvide, es en el Infonavit en donde los trabajadores tienen resguardado el dinero para su vivienda.

¿Qué otro fondo o guardadito seguirá ante la falta de recursos y la voluntad de seguir gastando del gobierno?