En una sesión solemne celebrada este martes en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Norma Lucía Piña Hernández presentó su segundo informe de labores, el último de su gestión, ya que dejará el cargo en agosto de 2025 debido a los cambios establecidos en la reforma judicial. El evento estuvo marcado por la ausencia de los titulares del Senado, la Cámara de Diputados y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Ante la presencia del subsecretario de Derechos Humanos, César Yáñez, consejeros de la Judicatura Federal y los magistrados Reyes Rodríguez y Janine Otálora, Piña destacó los retos que enfrenta el Poder Judicial en México. “Los derechos humanos están en riesgo permanente cuando el poder no puede ser contenido, frenado y controlado”, afirmó, subrayando la importancia de un Poder Judicial independiente como contrapeso ante posibles abusos de poder.
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La reforma judicial y sus implicaciones
La ministra calificó la reforma judicial como un desafío de proporciones inéditas, tanto para los jueces como para el país. Según Piña, esta iniciativa no debe verse como una historia de “vencedores y vencidos”, sino como un esfuerzo democrático en busca de mejores instituciones. Sin embargo, advirtió sobre una campaña sistemática para deslegitimar la autonomía del Poder Judicial, que se intensificó en los últimos años con ataques dirigidos a jueces y magistrados.
Piña también denunció los intentos de intromisión en el Consejo de la Judicatura Federal, recordando que en 2021 se incluyó una reserva legislativa para extender la presidencia de Arturo Zaldívar al frente de la SCJN. Reprochó que, desde que la Corte retomó su independencia, se han utilizado medios oficiales para desacreditar al Poder Judicial y sus integrantes, sin pruebas que sustenten las acusaciones.
Un llamado a la defensa de los derechos humanos
En su intervención, la ministra reafirmó el compromiso del Poder Judicial con la defensa de los derechos humanos y la independencia judicial. Advirtió que los ataques a esta autonomía no solo afectan a los jueces, sino también a la sociedad, cuyo acceso a la justicia podría verse limitado por intereses partidistas o electorales.